Colombianos en Sudán: obligados a guardar silencio; firmaron acuerdo de confidencialidad

Cientos de ciudadanos colombianos están cayendo en sofisticadas redes de trata de personas en el exterior; con engaños, están saliendo del país para trabajar y terminan integrando filas de mercenarios que combaten en guerras internacionales. Por los menos 300 connacionales estarían en Sudán, norte de África, como mercenarios; algunos de ellos, llegaron hasta allá con falsas promesas de empleo.

La incertidumbre por la situación de inseguridad de los colombianos en el país africano se agudizó luego de que el Ejército de Sudán informara que 22 mercenarios de nacionalidad colombiana fueron asesinados con drones suicidas. Ahora, las familias de los ciudadanos esperan poder repatriar sus cuerpos, aunque todavía desconocen la manera como murieron sus parientes.

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Algunos de los ciudadanos que salieron del país se pusieron en contacto con una empresa colombiana A4SI ubicada en la sede de la 93 de Bogotá, la cual sería intermediaria de la empresa de los Emiratos Árabes Global Security Services Group.

Esperaban llegar a los Emiratos Árabes para trabajar, pero terminaron siendo trasladados a Libia y, posteriormente, a Sudán, para luchar con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que están en confrontación con el Ejército del país.

La obligación de guardar silencio sellada con firma

Antes de que dejaran Colombia, los connacionales habrían firmado un acuerdo de confidencialidad que les obligaba a no referirse al trabajo que supuestamente iban a ejecutar en el exterior. Además, se habrían comprometido a destruir toda la documentación que hubieran recibido relacionada con el empleador y a entregar evidencias para demostrar que borraron la información.

“No divulgaré ninguna ‘Información’ en su totalidad o en parte, que haya adquirido durante mi empleo con el empleador, y me comprometo a proteger y mantener toda la información estrictamente confidencial y con no menos del estándar de cuidado con el que trato mi propia información”, se lee en una de las 11 cláusulas del contrato, revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

En el documento, que llegó por correo al Ministerio de Relaciones Exteriores, que está investigando la desaparición de colombianos en Sudán, también se exige a los firmantes no hacer declaraciones públicas o privadas, en medios de comunicación o por medio de publicaciones, sobre información confidencial. De hecho, se insiste en que el empleador debe dar el visto bueno en caso de que se desee revelar datos.

“No induciré ni intentaré influir en ningún empleado para que termine el empleo con el empleador”, añade la cláusula.

En otro apartado, se solicita a los ciudadanos contratados no volver a trabajar en Abu Dhabi (capital de Emiratos Árabes) ni hacer sociedad con alguna organización o persona que cuente oferte empleos similares. Esto por un periodo de dos años que se cuentan a partir de la fecha de terminación de los contratos.

De hecho, las familias de los colombianos que murieron en Sudán o que están desaparecidos también estarían cobijadas por el acuerdo de confidencialidad.

Se cree que un coronel retirado del Ejército Nacional de Colombia estaría detrás del envío ilegal de connacionales a Sudán para que sean utilizados para el mercenarismo. Se trata de Álvaro Quijano, esposo de Claudia Viviana Oliveros, que aparece como representante legal de la empresa A4SI en Bogotá.

Según explicó Omar Antonio Rodríguez Bedoya, mayor retirado del Ejército y fundador de la mencionada compañía, en un inicio, el personal que se contrataba de manera legal tenía que viajar a los Emiratos para trabajar. Sin embargo, después se supo que se estaría enviando a exmilitares a Sudán sin permiso.

“Si logran llevar los 1.500 hombres que se proponen a Sudán, eso podría representarles en un año 32.000 millones de pesos. Entonces los escrúpulos no están. Por eso se metieron en esta vaca loca”, precisó a La Silla Vacía.