Una oficina en el norte de Bogotá está bajo investigación por enviar militares (r) a Sudán: están desaparecidos o muertos

El Ejército de Sudán confirmó la muerte de 22 colombianos en un ataque con drones en la localidad de Al Fasher, donde se encontraban operando como mercenarios. Este ataque es parte de una serie de enfrentamientos en los que también han muerto mercenarios de otras nacionalidades, según el informe del ejército sudanés.

La investigación del diario El Tiempo trazó la ruta que siguen estos exmilitares colombianos hacia Sudán, cuestionando la legalidad de su salida del país.

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Se estima que alrededor de 300 colombianos están desaparecidos en la región, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, quienes enfrentan un pacto de silencio y cláusulas de confidencialidad en los contratos.

El conflicto en Sudán ha atraído a mercenarios de diversas partes del mundo, y la participación de colombianos ha sido destacada debido a su entrenamiento en fuerzas especiales.

Durante el 24 y 25 de noviembre, se hizo público un video en el que se ve a un grupo de militares sudaneses examinando las pertenencias del exmilitar colombiano Christian Lombana Moncayo, de 33 años, quien falleció tras el ataque a un convoy. Los soldados observaban qué había junto con el cuerpo del connacional, hallaron todos sus documentos personales, incluidos en la tarjeta del Sitp.

Un informe preliminar al que tuvo acceso el medio mencionado reveló que la empresa International Services Agency SAS, está vinculada a la contratación de militares colombianos retirados para actuar como mercenarios en conflictos en Sudán.

Según El Tiempo, estos exmilitares reciben ofertas de hasta 10.000 dólares mensuales, dependiendo de su experiencia, especialmente en el manejo de drones. La compañía que opera desde una oficina en las cercanías del Parque de la 93 reveló el movimiento de estos individuos hacia Dubái, Libia y finalmente Sudán, donde se integran a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Las indagaciones, según el rotativo, indican que los administradores del edificio donde se encuentra la sede de la empresa no habían visto a los responsables en varios días. Sin embargo, en un corto lapso, al menos dos exoficiales del Ejército y un familiar de otro oficial se presentaron en el lugar, buscando entregar documentos de militares retirados que ya habían viajado o estaban por viajar a los Emiratos Árabes Unidos para realizar labores de vigilancia y escolta para clientes VIP.

El diario también reportó que en medio de la investigación se han documentado varios casos de colombianos que son trasladados inicialmente a Dubái y luego a Libia, para finalmente ser llevados ilegalmente por tierra hasta Sudán. Allí, se integran a las FAR, que se enfrentan al ejército local.

Este flujo de personas y dinero parece estar respaldado por una red de sociedades en Panamá, Colombia y Dubái, a través de las cuales se gestionan los pagos a los mercenarios.

Además, testigos afirmaron a El Tiempo que, tras el escándalo sobre la exportación de mercenarios a Sudán, se comenzaron a realizar pagos atrasados de 5.000 dólares a cada uno de los militares retirados para asegurar su silencio.

La empresa Global Staffing S. A., registrada en Panamá y representada legalmente por Claudia Viviana Oliveros, que también figura como representante de la oficina en la 93, está siendo investigada por posibles transferencias de dinero a Maine Global Corp SAS.

Más detalles sobre exmilitares colombianos

Álvaro Quijano, un coronel retirado del Ejército colombiano, ha sido acusado de liderar una operación que ha enviado a más de 300 exmilitares colombianos a participar en la guerra civil en Sudán, según informó La Silla Vacía. Este esquema de reclutamiento se ha realizado a través de la empresa A4SI, propiedad de Claudia Viviana Oliveros, esposa de Quijano.

Omar Antonio Rodríguez Bedoya, un mayor retirado que fundó A4SI en 2017 y fue socio de Quijano, declaró a La Silla Vacía que no tiene relación con el envío de mercenarios a Sudán y calificó de ilegales las acciones de su exsocio.

Rodríguez Bedoya, que conoce personalmente a Oliveros y Quijano, afirmó que, aunque este último no aparece oficialmente en los documentos de la empresa, es quien realmente coordina las operaciones y ha sido el enlace con empresas de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos para obtener contratos para exmilitares colombianos.

Rodríguez Bedoya explicó que la empresa comenzó operando legalmente, enviando personal a trabajar en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, subrayó que A4SI no cuenta con los permisos necesarios para enviar personal a zonas de conflicto como Sudán.

Según La Silla Vacía, la investigación reveló que Quijano, a pesar de sus antecedentes problemáticos con el narcotráfico y su participación en movilizaciones contra el gobierno de Gustavo Petro, ha logrado engañar a numerosos exmilitares colombianos con promesas laborales que nunca se materializan.