Germán Vargas Lleras criticó la reforma a la justicia del Gobierno Petro y alertó una supuesta crisis del sistema judicial colombiano

El exvicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras dejó ver su desilusión por el avance del que fuera un ambicioso proyecto de reforma de la justicia, que finalmente se ha reducido a un conjunto limitado de modificaciones en el Código de Procedimiento Penal.

En su columna de opinión publicada en El Tiempo y compartida a través de su cuenta oficial de X, el líder de Cambio Radical afirmó que la reforma comenzó como una gran iniciativa para transformar el sistema judicial colombiano, pero resaltó que se ha convertido en un “microproyecto” que no resuelve los problemas más urgentes del sector.

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El político y abogado recordó que fue parte de la comisión que originalmente trabajó en una propuesta más integral, integrada por jueces, magistrados, académicos y expertos. En esa comisión se presentaron propuestas y documentos que, en sus palabras, “reposan en la caneca de la basura”.

En lugar de una reforma amplia y estructural, Vargas Lleras afirmó que el actual proyecto se limita a realizar cambios en 13 artículos, principalmente relacionados con el principio de oportunidad, algunas modificaciones menores en el ámbito penal y unas correcciones en materia de reparación a las víctimas.

Una de las principales críticas que el líder político hace al nuevo proyecto tiene que ver con las restricciones al principio de oportunidad, una figura clave en el sistema penal colombiano. Según el exministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, la eliminación de causales esenciales, como el exceso en la legítima defensa, envía un “mal mensaje a la sociedad”.

Además, argumentó que, al eliminar esta causal, se sanciona a los ciudadanos que actúan para defenderse de una agresión, mientras que se siguen otorgando beneficios a los delincuentes que cometen crímenes de manera sistemática. Esta disparidad, sostiene, podría generar una sensación de injusticia en la población.

El exvicepresidente también criticó la nueva facultad que se otorgaría al fiscal para tasar, “a su arbitrio”, la caución para dar por terminado un proceso, incluso sin contar con el respaldo de un peritaje y sin conocer a fondo a las víctimas. A su juicio, este tipo de decisiones podría ser “muy inconveniente”, ya que puede dar lugar a injusticias y distorsionar la idea de lo que es una reparación justa para las víctimas de delitos.

A pesar de sus críticas al nuevo proyecto de reforma, Vargas Lleras no se extiende más en la descripción de lo que considera una oportunidad desperdiciada. En cambio, se enfoca en señalar que la reforma no resuelve los problemas fundamentales de la justicia en Colombia: el acceso a una justicia pronta y eficiente, la garantía de seguridad jurídica en los fallos, el fortalecimiento presupuestal de la rama judicial y el juzgamiento de altos funcionarios del Estado.

Según el exministro, estos son los verdaderos temas que deberían ser abordados en una reforma de fondo, y no en medidas superficiales que apenas rozan la superficie del sistema judicial.

El problema más grave, según Vargas Lleras, radica en la mora judicial, una situación que afecta tanto a los ciudadanos comunes como a los altos tribunales. Destaca el escándalo de la demora en las decisiones judiciales, ejemplificado por un caso de más de diez meses en un despacho judicial para una simple demanda divisoria de bienes.

El exministro también alertó sobre la gravedad de la mora que afecta a la Corte Constitucional, que tiene el deber de decidir sobre demandas de inconstitucionalidad dentro de un plazo de 60 días, según lo establecido por la Constitución.

Sin embargo, Vargas Lleras señaló que, en casos recientes, como las demandas contra la reforma pensional, la tributaria de 2022 y el Plan de Desarrollo, los fallos han superado ampliamente esos plazos, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del Estado de Derecho.

En este sentido, su crítica se extiende a los magistrados encargados de hacer cumplir estos plazos, subrayando que su falta de acción en este ámbito podría tener consecuencias graves para la democracia y el funcionamiento del Estado.

Finalmente, Vargas Lleras concluye que la reforma que se está llevando a cabo no responde a las verdaderas necesidades del sistema judicial colombiano.