El coronel Juan Carlos Usamag Barahona, actual comandante del Batallón de Despliegue Rápido N° 5, que opera en Tumaco, Nariño, estaría en el centro de una controversia sobre el cumplimiento de los lineamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a los comparecientes activos en la fuerza pública.
Según una investigación de Semana, fuentes dentro de la institución militar confirmaron que el Ejército estaría actuando en contravía de lo dispuesto por la JEP, que exige que los militares activos con procesos pendientes en este tribunal sean reubicados en cargos administrativos, alejados de operaciones militares en terreno.
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¿Una violación a los lineamientos de la JEP?
En documentos obtenidos por Semana, el Ejército reconoce que “los comparecientes en actividad” deben ser reubicados para evitar que participen en operaciones de control de orden público. Sin embargo, actualmente, el coronel Usamag Barahona lidera un batallón especializado en operaciones de alto impacto, donde sus tropas están autorizadas para el uso de armas de fuego cuando sea necesario.
El mismo documento detalla que la Dirección de Personal del Ejército debe analizar cada caso y proceder con reubicaciones inmediatas en situaciones donde no se cumpla con las directrices de la JEP. A pesar de esto, Usamag Barahona permanece al mando de operaciones en una de las regiones más conflictivas del país.
El tribunal de paz también tiene en estudio la solicitud de sometimiento del coronel, quien enfrenta una investigación por el delito de homicidio en persona protegida. Este delito, según el abogado César Augusto Manrique González, especialista en derechos operacionales, implica “causar la muerte a una persona protegida dentro de un conflicto armado, sin justificación en una ventaja militar concreta”.
En ese sentido, el caso del coronel Usamag Barahona se inscribiría en el marco de la macroinvestigación de la JEP sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’. Desde la apertura de esta investigación en 2018, más de 800 exintegrantes de la Fuerza Pública han comparecido ante el tribunal, incluidos 39 generales retirados.
Sobre las imputaciones por ‘falsos positivos’
Hasta la fecha, solo ocho generales han sido imputados formalmente, y de ellos, solo dos han aceptado responsabilidad. Uno de ellos, Paulino Coronado, lo hizo en 2022, asumiendo su culpa “bajo la calificación de comisión por omisión”. Henry William Torres Escalante, por su parte, reconoció en 2023 ser el responsable de las muertes bajo su mando, aunque negó haber ordenado directamente los crímenes. Para los demás imputados que niegan responsabilidad, la JEP ha planteado la posibilidad de remitir sus casos a la Unidad de Investigación y Acusación, una instancia que podría llevarlos a juicio adversarial, con penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
El papel del coronel Usamag Barahona como comandante operativo en Tumaco, mientras enfrenta un proceso en la JEP, plantea preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y el cumplimiento de los compromisos judiciales asumidos en el marco del Acuerdo Final de Paz. Aunque el Ejército ha señalado su intención de cumplir con las directrices de la JEP, casos como el de Usamag Barahona evidencian tensiones internas y retos administrativos para garantizar que los militares activos con procesos pendientes se mantengan alejados de roles operativos.
En Tumaco, una región marcada por la presencia de estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, la labor de las unidades FUDRA, lideradas por el coronel, ha sido crucial para el control territorial. Sin embargo, el dilema ético y legal sobre su permanencia en este rol es un tema que debe resolverse con prioridad, pues ilustra cómo la transición hacia la paz enfrenta, incluso, complejidades prácticas que ponen a prueba el sistema de justicia transicional y la credibilidad de las instituciones militares en Colombia.
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