Líderes económicos, entre ellos el presidente de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, enviaron una carta el presidente Gustavo Petro en la que le reiteraron el desacuerdo que hay con el proyecto de Acto Legislativo que reformaría el Sistema General de Participaciones (SGP) y que haría que se distribuya a gobernaciones, alcaldías y distritos hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación.
En el documento que se dio a conocer el 26 de noviembre, se plantea que, de aprobarse como está, se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del estado de cumplir con sus funciones.
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Los firmantes expresaron total desacuerdo e inquietud por el trámite en curso de la iniciativa, que tiene origen en el propio Congreso de la República, es apoyada por el propio presidente Petro y ya surtió séptimo debate en la corporación, por lo que está a solo uno de pasar a conciliación y luego a la sanción como ley.
En la misma, señalaron que les preocupa que tanto los funcionarios del Gobierno que lo propician, como los congresistas que lo apoyan, no le han prestado atención al temor que, tanto exministros de Hacienda como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Anif y el Banco de la República expresaron de manera reiterada en el sentido de que si se aprueba esta modificación al SGP en la forma como fue presentada, y en el estado actual de su discusión, se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría con severidad la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones.
Disminución del PIB
De igual forma, resaltaron que estas advertencias se hicieron con base en estudios y análisis serios llevados a cabo por especialistas experimentados y ellas se refieren a la severa disminución del Producto Interno Bruto (PIB), de consumo privado, del bienestar social y de la inversión que causaría la reforma y al aumento de la deuda pública por encima de niveles sostenibles.
“Estos pronósticos no pueden pasarse por alto y deben ser sometidos a un serio análisis tanto, de parte del Gobierno, que tiene la obligación de parar el trámite del proyecto por las consecuencias advertidas, como de los miembros del Congreso que voten a favor de los cambios”, insistieron los expertos.
Asimismo, se alertó que, si se cumplen estos pronósticos, “los funcionarios involucrados del Gobierno y del Congreso de la República no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe que causó la reforma que fueron advertidos”, por lo que “tendrán que enfrentar la responsabilidad legal que se les atribuiría por los daños a la administración del Estado y a sus finanzas y la responsabilidad disciplinaria por incumplir sus funciones legales”.
Decisión muy a la ligera
Además, señalaron que, tanto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como los congresistas que voten a favor, pueden estar tomando muy a la ligera la debida diligencia que se les exige a todos los que tienen responsabilidades, como:
- A los padres y madres en el caso de las familias.
- A los administradores de empresas privadas o públicas.
- A los comandantes de la fuerza pública.
- A los funcionarios del Estado.
“No podrían estar exentos de esa responsabilidad, porque está de por medio la estabilidad y el bienestar de la Nación”, insistieron. Y, por último, les recordaron que estos no pueden hacer sino lo que la Constitución Política les permite y no hay ley que permita arruinar al Estado central, advertidos de las consecuencias que ello traería consigo.
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