Juan Carlos Salamanca, hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, fue objeto de controversia luego de revelarse que firmó un contrato de servicios en el área de contabilidad del Senado de la República por un valor de $17.333.333 y una duración de 42 días.
Según la información disponible, el contrato comenzó el 7 de noviembre y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2024.
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Ante la polémica, el congresista Salamanca defendió la contratación de su hermano, y argumentó que él está plenamente capacitado para desempeñar las funciones del cargo. “Juan Carlos es un profesional íntegro, formado y capaz; su único pecado es ser hermano mío”, citado por La FM.
El presidente de la Cámara aseguró que no hay irregularidades en el contrato y que su familia siempre ha compartido la vocación de servicio público. “Juan Carlos es un profesional íntegro, formado y capaz”, incluyó en su defensa.
“Hablando con él, me comenta que ha suscrito un contrato por un mes larguito en un tema de su profesión y en el cual cumple todos los requisitos de ley. Acá no hay nada ilegal ni impropio. Nosotros trabajamos y lo hacemos honestamente”, expresó el congresista.
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La situación despertó más críticas porque se conoció que el hermano de Salamanca también es contratista del Instituto Departamental de Deportes de Boyacá, una entidad vinculada a la gobernación liderada por Carlos Amaya, jefe político de Salamanca.
El mensaje más fuerte lo escribió Enrique Gómez, director nacional del Movimiento de Salvación Nacional, que dijo en sus redes sociales: “Pero qué maravilla: El hermano del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, con 4 meses en el cargo ya tiene contrato con esa corporación y recibirá más de 17 millones por trabajar 42 días”.
Los detalles del caso
El contrato de Salamanca Torres estaría destinado a la prestación de servicios profesionales en la sección de Contabilidad del Senado. Entre sus responsabilidades se incluyen el apoyo en reuniones relacionadas con la depuración contable, la colaboración en la actualización de manuales de procedimiento y el análisis mensual de la calidad de la información financiera y contable. Sin embargo, la relación familiar con el presidente de la Cámara de inmediato despertó sospechas sobre la posible injerencia en la adjudicación del contrato.
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Santiago García, miembro de una veeduría ciudadana del Congreso, señaló que el contrato podría haberse concretado gracias a la influencia de Jaime Raúl Salamanca en la Cámara, lo que podría constituir un delito de tráfico de influencias. Esta situación se suma a otras denuncias que enfrenta el congresista, quien ha sido acusado de violencia política y de no garantizar un ambiente adecuado para los debates legislativos.
La polémica no se limita al contrato en el Senado. Según datos que publicó El Colombiano, la familia Salamanca ha estado involucrada en otras controversias relacionadas con contratos estatales, lo que podría significar un mayor escrutinio público sobre sus actividades. Por ejemplo, un contrato de más de 68 millones de pesos que tuvo con el Icetex en 2023.
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Este es un tanto controversial, debido a que se habría celebrado durante la temporada de denuncias por presuntos favores políticos que se dieron, presuntamente, en la entidad, por posibles cuotas políticas de congresistas de la Alianza Verde, mientras Mauricio Toro estaba en cabeza de esa institución.
Otro de los contratos fue de cuatro meses y se dio en 2022, por una cifra cercana a los 16 millones de pesos. Según publicó el medio antioqueño, en ese tiempo el gobernador era Ramiro Barragán, que sería una ficha cercana al político Carlos Amaya, mentor político de Jaime Raúl Salamanca.
Incluso, se conocieron contratos en 2021 co la licorera del mismo departamento. Dicha negociación habría sido encabezada por el exgobernador Amaya, para gestionar el monopolio licorero de ese departamento, por una suma de casi 26 millones.
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