
El proyecto de acto legislativo 437 de 2024 Cámara - 018 de 2024 Senado, que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), ha generado álgidos debates con respecto a su viabilidad y pertinencia. La iniciativa tiene como fin hacer una reforma constitucional para aumentar los recursos que el Gobierno central gira a los departamentos, distritos y municipios por medio del SGP. Esto, con el objetivo que abandonar un sistema centralizado e impulsar la autonomía de los diferentes territorios, y puedan mejorar la financiación de salud, educación, el saneamiento básico de agua potable, entre otros.
“La reforma plantea la modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia. En la actualidad, la Nación transfiere a los entes territoriales un poco más del 20% de sus ingresos corrientes (ICN). Con la reforma estas transferencias aumentarían al 46,5% (que ya bajó) a partir del año 2034, con incrementos anuales del 2,5%”, precisó el Senado de la República.
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La propuesta motivó a varios exministros y exviceministros de Hacienda y Crédito Público a enviar una carta a senadores y congresistas para que reconsideren lo planteado en la iniciativa, teniendo en cuenta los problemas fiscales que hay actualmente y que han llevado a limitar los recursos del Presupuesto General de la Nación. Con la implementación de la reforma, al Gobierno nacional no le alcanzaría el dinero para la operación de la administración pública y gastos de inversión, lo que lo llevaría a endeudarse.

“No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que las leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación. La sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, activos que han caracterizado al país en las últimas décadas, se amenaza de manera grave”, se lee en la misiva.
Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó en el pódcast A Fondo de María Jimena Duzán, que entre 2001 y 2024, con la asignación de los recursos que hoy está vigente, no se logró que todas las personas accedieran a la educación, a la salud o al agua potable. Asimismo, se transfirieron competencias a los departamentos, distritos y municipios, pero no los recursos necesarios para ello.
De acuerdo con el jefe de la cartera, las regiones dejaron de recibir $350 billones en los últimos 17 años por las contrarreformas que se gestaron contra el SGP, yendo en contra de la Constitución Política de 1991, que en un inicio planteaba, justamente, que las transferencias a los territorios desde el Gobierno central fueran del 46,5%.

“Colombia ha sufrido una recentralización asfixiante, que impide el desarrollo territorial y el cierre de las brechas en salud, acueducto, alcantarillado, educación y más. Lo que nosotros proponemos es #AutonomíaTerritorial para transformar estas realidades y hacer justicia a nuestros departamentos y municipios”, indicó el ministro en su cuenta de X.

El proyecto se ha estado discutiendo en el Congreso y, según precisó, el porcentaje de transferencia que inicialmente se estableció en la reforma bajó a un 39,5%, luego de que se llegara a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Ahora bien, sobre las advertencias de los expertos sobre el impacto fiscal que tendría la aprobación de la iniciativa, aseguró que el déficit actual no es culpa del Gobierno central, porque el nivel de endeudamiento de los departamentos y municipios es muy bajo, mientras que el de la Nación sí es alto, sobre todo, por el abordaje del covid-19.

“Son temores injustificados que yo sé que en el transcurso de los días y los debates se van a ir disipando y que vamos a construir un gran acuerdo nacional por la autonomía territorial. Lo que es un peligro es mantener el centralismo que ya fracasó en Colombia”, añadió el ministro del Interior.
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