El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció un paro armado indefinido a partir del sábado 9 de noviembre; en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, ubicados en la región del Chocó.
La medida fue tomada como respuesta a las presuntas agresiones de la Armada Nacional, que, según los guerrilleros, han intensificado sus operaciones en el área. El ELN asegura que, en octubre, un buque de guerra y varias lanchas artilladas de la Armada patrullaron el río San Juan, lo que habría alterado la seguridad de la zona y desencadenado este nuevo paro armado.
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La guerrilla señaló, a través de un comunicado, que el paro tiene como propósito garantizar la seguridad de sus combatientes en medio de las acciones ofensivas que, según ellos, están siendo lideradas por la fuerza pública. “Esperamos que la población cumpla esta restricción para evitar incidentes”.
Este paro armado no es un hecho aislado. El ELN ya ha declarado paros en varias ocasiones en los mismos tres ríos, especialmente cuando considera que las fuerzas del Estado, en alianza con el Clan del Golfo, está atacando sus posiciones en el territorio.
Como ha ocurrido en otros casos, el paro armado impuesto por el ELN afecta directamente a la población civil que habita en esta región del Chocó. La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por los desplazamientos forzados que están ocurriendo en la zona del Medio San Juan, una situación que ya se presentó en octubre de 2023, cuando la comunidad de Doidó, un pequeño caserío a orillas del río San Juan, tuvo que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.
Estos desplazamientos reflejan el grave impacto que tiene el conflicto armado en las comunidades más vulnerables, que, además de sufrir las consecuencias de los enfrentamientos, se ven atrapadas en el fuego cruzado entre los grupos armados ilegales y las fuerzas del orden.
¿Diálogos de paz en crisis?
El paro armado en el Chocó ocurre en un momento crucial para el proceso de paz con el ELN. Desde septiembre, las negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el grupo guerrillero estuvieron congeladas, luego de un ataque perpetrado por el ELN contra una base militar en Arauca, que dejó tres soldados muertos y 30 heridos. Este ataque rompió el cese al fuego y las conversaciones se detuvieron.
Sin embargo, en los últimos días, las delegaciones del Gobierno y el ELN retomaron los diálogos en Caracas, en un intento por encontrar una solución política al conflicto. Según el ELN, el propósito de la reunión fue avanzar hacia un “nuevo modelo de negociación” que permita superar la crisis actual en las conversaciones.
En el comunicado publicado tras el encuentro, el ELN expresó que se deben “superar con urgencia los factores que tienen en crisis las negociaciones”. A pesar de los avances, aún no se ha restablecido oficialmente la mesa de diálogo, pero ambas partes acordaron reunirse nuevamente este mes.
Justamente, el jueves 7 de noviembre, durante la reunión en Caracas, el ELN presentó su “declaración de principios”, en la cual reafirmó su compromiso con la “democratización” de Colombia y la necesidad de llevar a cabo transiciones que permitan resolver las causas profundas del conflicto armado. En la declaración, la guerrilla también hizo un llamado a la sociedad colombiana para que participe activamente en el proceso de paz.
Además, reiteraron que la solución al conflicto debe ser acordada sin la intervención de terceros, como Estados Unidos, que no debe oponerse a las soluciones alcanzadas entre el Gobierno y el ELN.
A pesar de la disposición para retomar los diálogos, el ambiente sigue siendo tenso. La violencia ha aumentado nuevamente en varias regiones del país, incluyendo ataques de ambos bandos, lo que hace más difícil la tarea de avanzar en un acuerdo definitivo. Además, la situación en el Chocó, donde los grupos ilegales luchan por el control del territorio, añade complejidad al panorama.
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