Admitieron demanda del exministro Wilson Ruiz contra las resoluciones de la mesa de diálogos de la Segunda Marquetalia

El Consejo de Estado admitió formalmente la demanda de nulidad presentada por el exministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, que pretende que se dejen sin efecto las resoluciones presidenciales 0642 y 0653 del 28 de febrero de 2024, así como la resolución 145 del 14 de mayo de 2024: que autorizan la participación de la Segunda Marquetalia en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional; cuya mesa de negociaciones se instaló el 24 de junio en Caracas (Venezuela).

La demanda presentada por Ruiz cuestiona la legalidad de estas decisiones, oficializadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, pues alega que han concedido un reconocimiento formal a este grupo armado, conformado por disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lo que –a su juicio– podría tener importantes repercusiones políticas y sociales.

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“Esto no es solo una demanda, es un mensaje al Gobierno nacional de que vamos a hacer respetar los poderes del Estado y los límites establecidos en la ley. El Ejecutivo no puede hacer lo que se le dé la gana. Con este proceso buscamos defender la paz, pero siempre bajo el marco de la legalidad y el respeto a las víctimas. Gracias a todos los que han apoyado esta causa y quiero decirles que seguimos firmes por un país en paz, pero con justicia”, afirmó Ruiz.

La Segunda Marquetalia es una disidencia que vio la luz en 2019, compuesta por antiguos comandantes de la mencionada organización guerrillera. Cabe destacar que decidieron tomar nuevamente las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y entre los motivos para su reagrupación, denunciaron en su momento presuntos incumplimientos en el pacto; no obstante, este grupo ha sido señalado desde entonces de involucrarse en actividades como el narcotráfico y la extorsión.

Los argumentos de la demanda del exministro Wilson Ruiz contra la Segunda Marquetalia

En su demanda, Ruiz indicó que las resoluciones emitidas por el poder ejecutivo habrían sobrepasado sus competencias constitucionales, al conferir reconocimiento y participación a un grupo armado sin la debida aprobación o control del Congreso de la República. “Esto cuestiona la conformidad de dichas decisiones con los principios de separación de poderes y respeto a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo”, expresó el exministro.

La admisión de la demanda por parte del alto tribunal, abre la puerta a un proceso que se espera que aclare los alcances y limitaciones del Ejecutivo en asuntos de negociación de paz; no solo en esta mesa de negociación, sino en otros diálogos que adelanta el Gobierno por intermedio de la oficina del consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, con estructuras como una facción de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según pudo conocer Infobae Colombia, ahora lo que sigue es que las partes involucradas deberán responder a las acusaciones formuladas, para así darle trámite. Todo esto en medio de la polémica que ha suscitado el reconocimiento de la Segunda Marquetalia, toda vez que la gran mayoría de sus integrantes hicieron parte de un Acuerdo de Paz que traicionaron con su regreso a la lucha armada, cuando algunos de ellos, como Márquez y Jesús Santrich, gozaban de curules en el Congreso.

En la actualidad, esta negociación, al igual que otras, se encuentran suspendidos, toda vez que de parte de los miembros del equipo negociador del grupo insurgente, como alias Wálter Mendoza, jefe de la delegación, se pide la presencia en la mesa de Iván Márquez; lo anterior, pese a que cuenta con órdenes de captura vigentes en Estados Unidos, por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes.