Las entidades promotoras de salud (EPS) de Colombia siguen estando en el ojo del huracán debido a las presuntas irregularidades que se han presentado por concepto de manejo de recursos públicos. En las EPS Servicio Occidental S.A. (S.O.S.), Asmet Salud y Emssanar, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud encontró anomalías en el giro de dinero y en la asignación de contratos.
Pero, a la lista ahora se suma la Nueva EPS, que fue intervenida en abril de 2024 por el incumplimiento de los requisitos habilitadores financieros para operar. Para entonces, el presidente Gustavo Petro reveló que la entidad tenía una falsa contabilidad con la que se ocultó el mal manejo que se dio a $6 billones que el Gobierno nacional le giró para la prestación de los servicios de salud.
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Pérdidas billonarias, no millonarias
A este escándalo se suma uno puesto en conocimiento por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, en que su cuenta de X informó sobre lo que sería la verdadera situación financiera de la entidad. Según detalló, Aldo Cadena, que fue presidente de la Nueva EPS y exsecretario de Salud de Gustavo Petro en Bogotá, cuando fue alcalde, no habría revelado la información oficial sobre los estados financieros de la entidad en 2023.
En su momento, aseguró que las pérdidas ascendían a $411.000 millones, pero, de acuerdo con información enviada por la misma EPS a Paloma Valencia, en respuesta a una tutela, el dinero perdido habría llegado a los $4,4 billones.

“Una diferencia de 4 billones de pesos en pérdidas respecto a lo notificado por Nueva EPS (Y Aldo Cadena). Y lo más grave; un aumento en las pérdidas de la Nueva EPS de más del 𝟑𝟓𝟎% entre 2022 y 2023″, precisó la congresista de la oposición.
Por otro lado, informó que los pasivos no serían de $6,6 billones, como en algún momento se informó a la opinión pública, sino de $11,7 billones, según el balance general de 2023. A esto se suma que en un año los pasivos terminaron casi duplicándose, puesto que en 2022 fueron reportados $6,4 billones.

Adicionalmente, según los datos, para el primer año del Gobierno Petro la cartera vencida había llegado a los $6,6 billones, lo que representa un incremento de $800.000 millones con respecto a 2022, cuando se reportaron $5,4 billones.
Sin embargo, estos datos generarían dudas porque no fueron revisados ni auditados en su totalidad. “Lo grave es que los estados financieros que nos envía la Nueva EPS tampoco serían los finales del 2023. Ninguno contiene firmas, y aparece “Esta información no se encuentra certificada, aprobada ni dictaminada”, añadió Valencia.

El revisor fiscal de la Nueva EPS era, para entonces, la consultora Deloitte. Sin embargo, el auditaje no pudo llevarse a cabo porque la entidad promotora hizo cambios que posteriormente no envió. “No obstante que solicitamos la información y documentación respectiva, la misma no nos fue entregada y por ende no pudo ser objeto de nuestros procedimientos de auditoría”, se lee en una comunicación de Deloitte.
Con respecto a 2024, la situación continúa siendo problemática: las pérdidas reportadas en el primer trimestre del año son de $1,5 billones, según Valencia, y los pasivos alcanzan los $12,6 billones.

Otro de los problemas que tiene la EPS es la falta de dinero, que se evidencia en el giro de recursos que hace a las IPS. Ya se hizo una primera transferencia del 80%, pero hace falta un 20% para el cual no hay una financiación clara. Pues, este porcentaje se pagará dependiendo de los ajustes que se hagan a la unidad de pago por capitación (UPC) y de la capitalización de los socios.
Además, la EPS aseguró que necesita un giro nuevo de recursos por parte del Gobierno nacional para poder cubrir ese 20% faltante. “Aquí se está evidenciando que la UPC que el Gobierno dice que estaba perfecta está desfilada en más del 20% y que no hay con qué cubrirle las deudas a los hospitales, mejor dicho, toda la deuda que tienen los hospitales con la Nueva EPS que es gigantesca (...) no la van a cubrir”, añadió.

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