Investigan a reconocido concesionario de carros por presuntas irregularidades financieras: la Superintendencia formuló cargos contra directivos y accionistas

La Superintendencia de Sociedades abrió una investigación formal contra Sanautos, uno de los concesionarios de vehículos más conocidos y grandes del país, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en su manejo financiero y la gestión de sus filiales.

La investigación también apunta a directivos y accionistas principales de la empresa, quienes recibieron pliegos de cargos por posibles incumplimientos en transparencia y control empresarial.

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El foco de la investigación está en los hermanos Ernesto Serrano, Luz Stella Serrano y Jaime Serrano, quienes según la Superintendencia podrían haber cometido infracciones relacionadas con la administración y la información societaria.

La decisión del organismo de control responde a denuncias presentadas por socios minoritarios durante la asamblea anual de Sanautos, quienes señalaron inconsistencias importantes en los informes financieros y en la manera en que se estaban tomando decisiones dentro de la empresa.

Ventas en caída y operaciones bajo la lupa

La investigación también puso sobre la mesa que Sanautos y sus filiales, como Sanautos Motor S.A. y Sanautos Asesores de Seguros Ltda, han sufrido una caída significativa en las ventas de vehículos.

Parte de las operaciones de la compañía, según los documentos de la Superintendencia, se han sostenido mediante préstamos con empresas relacionadas y actividades secundarias, como el alquiler de activos, que generan dudas sobre su legalidad y transparencia.

Una fuente cercana a la asamblea señaló que, a pesar de las restricciones y la falta de información completa, los accionistas minoritarios pudieron evidenciar la complejidad financiera de la organización.

Además, el gerente Martín Nova, familiar de los socios principales, es señalado por aprobar bonificaciones a empleados incluso en un momento de bajo desempeño comercial, y por la relación con una empresa de Barrancabermeja desde la que se habrían transferido préstamos a la matriz.

Este panorama se complicó más cuando la multinacional Toyota, proveedor clave de vehículos, decidió restringir las ventas hacia Sanautos, lo que impactó directamente en el volumen de negocios del concesionario, según los documentos revisados por la Superintendencia.

Predio en Bucaramanga y cuestionamientos a la junta directiva

El caso también incluye un predio en Bucaramanga donde Sanautos tiene una de sus sedes, que según la investigación estaría ocupado de manera irregular. Sobre este inmueble pesa una orden judicial de demolición que aún no se ha ejecutado, a pesar de las inversiones realizadas en su remodelación.

La Superintendencia advierte que la junta directiva, conformada por allegados al gerente Nova, no ha tomado acciones contundentes frente a estas alertas, lo que podría agravar la responsabilidad de los directivos y socios controlantes.

Antecedentes regulatorios del grupo empresarial

Sanautos no es ajena a la supervisión de la autoridad. En 2018, la Superintendencia ya había iniciado un proceso por incumplimiento en la inscripción de su grupo empresarial, según lo exige la Ley 222 de 1995.

En ese momento, la matriz no había inscrito correctamente a Sanautos Motor S.A. y Sanautos Asesores de Seguros Ltda. como parte de su grupo económico. La situación se regularizó tras la intervención del organismo.

En la investigación actual, se determinó que Luz Stella Serrano Pinto, Armando Serrano Pinto y Jaime Serrano Pinto ejercen un control conjunto sobre Sanautos y sus filiales, como lo define el artículo 260 del Código de Comercio, que regula situaciones en las que varias personas toman decisiones estratégicas de forma coordinada dentro de una sociedad.

Las actuaciones societarias revisadas confirman que estos socios familiares influyeron directamente en decisiones clave registradas en actas de Sanautos S.A. y Comercializadora de Colecciones S.A. en Liquidación.

Posibles sanciones y marco legal

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995 establece que las sociedades controlantes deben reportar cualquier situación de control y registrar en el registro mercantil los vínculos entre las compañías asociadas.

El incumplimiento de estas obligaciones permite a la Superintendencia imponer sanciones, que para 2025 se calculan según la Unidad de Valor Básico (UVB).

El proceso actual se desarrolla bajo las facultades del Decreto 1736 de 2020 y las normas de procedimiento administrativo, con el objetivo de garantizar transparencia, integridad empresarial y protección de los socios minoritarios.

La investigación comenzó formalmente tras la solicitud presentada el 14 de junio de 2023 por William Serrano Pinto, quien pidió evaluar la existencia de un control conjunto en varias sociedades familiares vinculadas a Sanautos.