Alerta por exterminio de indígenas en Cauca: señalan a las disidencias de las Farc

Un nuevo acto de violencia contra líderes sociales y comunales se registró en la mañana del martes 5 de noviembre, en la vereda Lomitas, en cercanías de la cabecera municipal de Inzá (Cauca).

El acto criminal ocurrió hacia las 6:30 a. m. cuando José Emanuel Oca Cuspián, destacado guardia indígena, profesor y artesano de la cultura nasa, fue increpado, al parecer, por un hombre armado cuando se desplazaba en su motocicleta en dicho sector.

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De acuerdo con la denuncia de la Asociación de Cabildos de Inzá, la víctima, que fungía como profesor de la Institución Educativa Yuc Kwet Zuun, fue hallada en medio de la carretera con varios impactos de bala, mientras que su motocicleta negra CB160 de placas PSZ58F, fue hurtada.

Frente a este lamentable hecho, la Asociación de Cabildos señaló que lo que está ocurriendo en el departamento contra líderes indígenas es un verdadero exterminio. “Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de Pueblos Indígenas Juan Tama De Inza, con sus 8 autoridades nos pronunciamos sobre los últimos hechos que agudizan el exterminio Físico, Cultural y de Gobernabilidad de nuestros Pueblos originarios en la Zona Tierradentro”, expresaron en el comunicado.

Adicionalmente, revelaron que esta acción violenta puede ser atribuida a integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las Disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, específicamente Leider Tumbo Pacho, conocido como alias Camilo, pues Oca Cuspián venía siendo objeto de amenazas e intimidaciones contra él y su familia por parte de este grupo delictivo.

“El Kiwe Pu’yaksa (Guardia) y docente, perteneciente al Pueblo Nasa residía en la vereda Lomitas y venía reportando amenazas en contra suya y de su familia por parte de la estructura armada ilegal Dagoberto Ramos que opera en la zona″, aseveró la asociación indígena.

En ese sentido, indicaron que cualquier acto violento contra la integridad de los voceros y demás integrandes de dicha asociación sería responsabilidad del mencionado grupo armado ilegal. “Responsabilizamos a la estructura armada ilegal Dagoberto Ramos, de los hechos queafecten a la vida de nuestras autoridades y comunidades”, enfatizaron.

Del mismo modo, hicieron un llamado al Gobierno nacional, así como organizaciones garantes de derechos humanos nacionales e internacionales para que se tomen acciones urgentes contra las diferentes formas de violencia de las que son víctimas.

“Desde las comunidades y Autoridades indígenas, hemos venido alertando el sistemático accionar criminal de actores armados que pretenden arrasar con nuestra existencia física, cultural, y espiritual, así como con nuestro territorio y el gobierno ancestral (...) Hacemos un llamado urgente a las entidades del ministerio público; a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales (Mapp-OEA, ONU, Cidh) para realizar acciones que obliguen al Gobierno Nacional, departamental y local a asumir su responsabilidad constitucional en la salvaguarda de la integridad de los pueblos indígenas”, puntualizaron en la misiva.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), también lamentó la pérdida del líder indígena, a quien calificaron de ser un “defensor de la vida” y la cultura nasa. “Había sido declarado objetivo militar por estos paramilitares y reiteradamente era perseguido y amenazado por estos sicarios. El compañero Emanuel Oca era docente, Guardia Indígena, artesano, padre de una niña, dirigente de la Guardia Indígena, quien fue muy activo en la defensa de la vida y el territorio, como también por la preservación de su cultura Nasa. Los sicarios hoy apagaron su vida”, expresaron, vía X.

De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2024, 152 líderes sociales han sido asesinados: “Desde Indepaz nos solidarizamos con la familia de José Manuel, los miembros de su comunidad y la organización indigerna del departamento del Cauca. Exigimos a los grupos armados respetar la integridad de quienes defienden la vida y el territorio. El Estado debe adelantar acciones urgentes de protección para las comunidades étnicas e investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes”.