Jueza interina reconoció que se perdió parte del expediente de caso por corrupción de la extinta DNE

El 4 de noviembre de 2024, se conoció que la jueza interina a cargo del caso por corrupción de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) reconoció la ausencia de pruebas en el expediente judicial, situación que generó controversia y, posiblemente, puede poner en riesgo la validez de un juicio que ya lleva casi una década en curso.

En una audiencia llevada a cabo el pasado 22 de octubre, la jueza interina admitió que parte del material probatorio se perdió, según informó la Unidad Investigativa de Caracol Radio; sin embargo, a pesar de la falta de pruebas, la jueza mantuvo el sentido del fallo condenatorio contra tres exfuncionarios de la extinta DNE: Carlos Enrique Robledo, ex subdirector jurídico, Ángela María Prada y Luis Eduardo Echeverry, procesados por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucraba el manejo irregular de bienes incautados por la entidad.

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El juicio, que se ha extendido por más de nueve años, ha enfrentado críticas por las irregularidades procesales que han surgido. Dado que, desde hace dos años, los abogados de los procesados han denunciado la desaparición inexplicable de pruebas clave que habrían favorecido a sus clientes.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, también advirtió hace meses sobre la pérdida de una intervención suya que beneficiaba a los acusados, por lo que estas revelaciones han alimentado las sospechas de manejo irregular en el desarrollo del proceso judicial.

En la audiencia más reciente, la jueza explicó que para determinar el monto de la condena se requiere repetir una declaración rendida hace más de dos años por uno de los hoy condenados.

Según la jueza, se han hecho solicitudes a la oficina de sistemas y a la oficina del centro de servicios para recuperar las pruebas desaparecidas, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. “Se me informa que se han hecho sendos requerimientos [...] con trámites negativos”, declaró.

Al respecto, el procurador delegado advirtió durante la sesión que mantener el sentido del fallo sin haber evaluado todas las pruebas podría provocar la nulidad del juicio ante el Tribunal Superior de Bogotá: “En otros procesos se ha presentado la situación donde los expedientes llegan al tribunal en apelación y son devueltos porque faltan piezas procesales trascendentes”.

El problema se complica por las denuncias de que funcionarios del Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá y la fiscal encargada, Deyanira Quevedo, habría, presuntamente, coordinado aspectos del caso a través de conversaciones privadas en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, dejando fuera a la defensa de los acusados, información revelada en abril de este año por Caracol Radio, aunque la jueza titular, Laura Barrera Coronado, ha negado esas acusaciones.

La jueza Barrera, que debía liderar el caso, ha estado ausente repetidamente por motivos de salud, lo que ha llevado a que dos juezas interinas se encarguen de las últimas audiencias; incluso, la situación ha sido tan irregular que la Comisión de Disciplina Judicial abrió investigaciones contra Barrera y la fiscal Quevedo, tras las denuncias sobre la presunta coordinación indebida.

Mientras tanto, el juicio sigue avanzando en medio de la incertidumbre. Las próximas audiencias buscarán, al menos en parte, reconstruir el material probatorio perdido para completar el expediente, por lo que se espera que la jueza interina intente dar un nuevo impulso al proceso, aunque la sombra de las irregularidades continúa afectando la credibilidad del caso y aumentando la preocupación sobre la transparencia del sistema judicial.

Con la etapa de juicio finalizada y a la espera de que se emita la condena definitiva, el desenlace de este proceso podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial y las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción.