El alcalde de Barranquilla, Alejandro “Alex” Char, es centro de polémica después de que la Fiscalía General de la Nación tomara la iniciativa de investigarlo por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en un millonario contrato adjudicado durante su segundo periodo como mandatario de la capital del Atlántico.
Según la información revelada por la revista Cambio, el ente investigador le puso el ojo, especialmente, a una licitación promovida por la Alcaldía de Barranquilla para modernizar la red hospitalaria de la ciudad. El proyecto, iniciado en 2016, buscaba mejorar los Puntos de Atención en Salud Oportuno (Paso) y los Centros de Atención Médico Integral en Salud Oportuno (Camino).
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Lo grave es que dicho proyecto estaba diseñado para completarse en un plazo no mayor a los 27 meses; es decir, los centros hospitalarios debían quedar listos para el 2019, antes de que Alex Char dejara su cargo. Sin embargo, ocho años después, las obras permanecen inconclusas y presentan sobrecostos que superan, con creces, el 50% del precio pactado.
El contrato original, adjudicado al Consorcio Iconho por un valor de 152.000 millones de pesos, ha experimentado cuatro adiciones que elevaron el costo a 245.000 millones de pesos, superando el límite legal permitido por la ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia. Además, el consorcio, liderado por Virginia Ochoa Sosa, ha incumplido con el cronograma de ejecución, al punto de que, actualmente, todavía hay un 20% de las obras sin terminar.
La historia del contrato se remonta a 2016, cuando el Concejo de Barranquilla autorizó a Char a transferir el 80% de los recursos recaudados por la estampilla prohospitales a Edubar, una sociedad mixta conocida por su cercanía con el exalcalde. Esta transferencia tenía como objetivo financiar las obras y dotaciones de las instituciones hospitalarias de primer y segundo nivel de atención en Barranquilla, según reveló la revista Cambio.
El consorcio encargado de la ejecución del contrato está compuesto por varias empresas, entre ellas la Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A. (Coinses), cuyo representante legal, Gary Espitia Camargo, es un amigo cercano de Char. Espitia ha estado involucrado en otros escándalos de corrupción relacionados con obras públicas, pero hasta ahora no ha enfrentado consecuencias legales.
A pesar de los retrasos y sobrecostos, Edubar, bajo la dirección de Angelly Criales Anibal, mediohermana de un primo de Álex Char, no ha impuesto las sanciones correspondientes al consorcio, a pesar de que los informes de interventoría han señalado repetidamente los incumplimientos. Incluso, la entidad señaló que ya se cumplen varios meses desde que se le solicitó al contratista que presentara un plan de contingencia para corregir los retrasos, una petición que no se ha cumplido.
Pero la situación se hace más compleja por la falta de acción por parte de las autoridades locales, que ha generado sospechas sobre posibles favorecimientos debido a las relaciones personales entre los involucrados y el mandatario de Barranquilla.
De hecho, ni la Contraloría ni la Auditoría General han abierto proceso por los retrasos, mostrando poco interés en investigar el caso, argumentando que no tiene impacto nacional. Incluso, el medio nacional conoció que, en el mes de abril, específicamente el día 18, las dos entidades de control se reunieron para tratar el polémico contrato.
Sin embargo, después del encuentro, ambos entes concluyeron que los documentos se encontraban al día y que no existe una causal para iniciar acciones investigativas, pese a las advertencias de la interventoría del proyecto.
Por tanto, la Fiscalía ahora deberá determinar si las conexiones personales han influido en la falta de sanciones y si los fondos destinados al proyecto fueron utilizados adecuadamente o desviados, mientras que el alcalde Alejandro Char ha preferido mantenerse en silencio ante los señalamientos en su contra.
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