
Desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, el mandatario ha puesto como uno de sus objetivos entablar políticas con las que se pueda regular de manera constante las siembras de hoja de coca, que además de ser la base de la cocaína como aspecto negativo, también tiene usos médicos y hasta es implementada para otro tipo de productos.
Es por ello que el Ministerio de Justicia propuso un borrador del decreto con el que se buscará concretar la regulación del cultivo de plantas de amapola y coca en el país.
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En contraste con esto, el informe presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostuvo que en Colombia incrementaron en un 10% los cultivos ilícitos, lo que ha generado críticas al cumplimiento de las políticas que buscan mitigar esta problemática.
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Como respuesta, el Ministerio de Justicia anunció que regresará la aspersión controlada con químicos (no glifosato), mientras que el presidente Gustavo Petro indicó que su Gobierno comenzará a comprar coca a quienes cultivan en más de 12.000 hectáreas en el cañón del Micay, en Cauca.

En medio de la contradicción por parte del Estado y las críticas por la poca intervención en la lucha antidrogas, el medio especializado Mongabay realizó un especial sobre las más de 250.000 hectáreas de hoja de coca que hay en Colombia, de las cuales, el 48% está en zonas de parques naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal.
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“El aumento de la demanda a nivel mundial presiona el incremento del área cultivada en Colombia, Perú y Bolivia”, fueron las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que recordó el medio citado al respecto.
De la misma forma, destacaron que los consumidores de drogas en Colombia han aumentado en un 20%, por lo que cada vez es más indebido decir que el país solo es parte de la ruta para enviar cocaína al exterior, puesto que este porcentaje es similar al crecimiento de consumidores en el mundo según el Reporte Mundial de Drogas 2024.
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“El monitoreo realizado en Colombia identificó que 16 de los 19 departamentos con cultivos de hoja coca muestran tendencia al incremento; Cauca y Nariño son los más afectados. En esos departamentos, así como en Putumayo, Norte de Santander, Bolívar y Antioquía, se mantienen los 15 enclaves productivos identificados desde hace tres años. Estos enclaves representan el 14 % del territorio nacional y en ellos se concentra el 39 % del área sembrada con hoja de coca”, recapituló Mongabay al respecto.

En ese aspecto, indican que la expansión del negocio ilícito ha puesto en peligro la conservación del territorio, ya que las cifras negativas hacen que se aumente la posibilidad de que se plantee la posibilidad de terminar con todo lo que gira en torno a la producción de la planta.
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Sobre la presencia de grupos armados que buscan expandir el narcotráfico, mencionan que la elaboración de la cocaína también provoca que se tenga que transportar insumos, crear vías ilegales y también sistemas de seguridad por parte de las Fuerzas Militares, lo que “amenaza la biodiversidad en el sitio y la capacidad de proteger la biodiversidad”.
En diálogo con el medio citado, Leonardo Correa, coordinador técnico del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, indicó que también las comunidades han sido utilizadas en el negocio ilícito, recordando que parte de las rutas parten de puertos como el de Buenaventura.
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“Es uno de los sitios más complejos del análisis”, indicó Correa sobre Tumaco, que describió como una ubicación pilar para el crecimiento del narcotráfico que se ha consolidado por el “abandono histórico”. Los resguardos indígenas enfrentan una situación similar. Ahí hay una fuerte presión sobre las comunidades y los líderes sociales y ambientales que quieren ejercer gobernanza en sus territorios.
“Cada vez estamos encontrando que se inventan nuevas formas, nuevos elementos que mejoran los rendimientos de la producción”, indicó Correa para hablar de la producción de hoja de coca, que en 2015 era de 4.800 kilos y actualmente supera los 8.000.
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Por último, el experto recordó que entre 1994 y 2023 se erradicaron alrededor de tres millones de hectáreas de cultivos de hoja de coca, pero esto no ha terminado con la problemática, lo que hace que se destaque la postura de la ministra Buitrago, que afirmó que “las respuestas de orden represivo son insuficientes y sus resultados pasajeros”.
Es por ello que desde la Unodc han propuesto un mecanismo de coordinación y articulación que busca que las comunidades comiencen a trabajar en actividades legales, para lo que se requiere el apoyo constante del Estado.
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