Procuraduría aceptó aplazar la audiencia definitiva contra Álvaro Leyva por el caso de pasaportes: hay nueva fecha

La Procuraduría General de la Nación decidió reprogramar la audiencia de lectura de fallo en el juicio disciplinario que se sigue contra el excanciller Álvaro Leyva. Este aplazamiento fue comunicado a través de un auto emitido el 31 de octubre de 2024, en respuesta a la solicitud de la defensa del excanciller.

Originalmente, la audiencia estaba programada para el 5 de noviembre de 2024, pero el abogado suplente de Leyva, Mauricio Cristancho Ariza, presentó una solicitud formal para posponer la diligencia debido a compromisos laborales y a la necesidad de que su cliente asistiera a otra audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el mismo día.

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El auto de reprogramación, firmado por el procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, establece que la nueva fecha para la audiencia será el 12 de noviembre de 2024, a las 9:00 a. m. La diligencia se llevará a cabo en la sala de audiencias de la sede de la Procuraduría en Bogotá.

“En atención a la solicitud de aplazamiento elevada por la defensa del disciplinado mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2024, el suscrito procurador delegado ponente, por encontrarla justificada, accede a esta”, se lee en la decisión que ya fue comunicada a los sujetos procesales, quienes fueron advertidos de que contra la misma no procede recurso alguno. Esto subraya la gravedad y formalidad del proceso que enfrenta Leyva, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El caso de Álvaro Leyva captó la atención pública desde noviembre de 2023, cuando comenzaron a surgir denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la contratación con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la expedición de pasaportes. Este proceso ha suscitado inquietudes sobre la transparencia en la gestión de la Cancillería, especialmente considerando que la emisión de pasaportes es un servicio esencial para millones de colombianos.

Las acusaciones que se le imputan a Leyva incluyen la declaración de desierta de la licitación 001 de 2023, acción que, según la Procuraduría, se realizó sin el sustento fáctico, jurídico y técnico requerido. Esto podría haber vulnerado los principios fundamentales de la contratación estatal, generando dudas sobre la integridad del proceso.

Por su parte, la administración de Gustavo Petro ha criticado la concentración de un servicio tan crucial en una única empresa. Esta postura fue clave para frenar la licitación, evidenciando la necesidad de un análisis más exhaustivo sobre las irregularidades detectadas.

En la solicitud formal de reprogramación de la audiencia contra Álvaro Leyva, su defensa dejó constancia de su imposibilidad para asistir a la audiencia programada, señalando que, “El Dr. Mauricio Cristancho Ariza, apoderado suplente dentro de este proceso, tiene compromisos laborales asumidos con anterioridad, lo que también le imposibilita asistir a la audiencia programada en esa fecha.”

Además, señaló que el excanciller debe asistir a otra audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el mismo día que había sido programada la diligencia inicialmente. “En mi condición de apoderado del señor exministro de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Leyva Durán, respetuosamente solicito se reprograme la audiencia de lectura del fallo dentro del juicio verbal, que fue fijada para el 5 de noviembre de 2024 a las 9:00 a. m.”, añadiendo que “la nueva diligencia en la JEP fue fijada desde el 4 de octubre de 2024″.

Agregó: “Dado que nuestros compromisos profesionales coinciden con la programación dispuesta por la Sala, solicito la reprogramación de la audiencia para los días 6 o 7 de noviembre de 2024 a la hora que disponga la Sala”, expresó en su momento el abogado de Leyva.

Este caso continúa siendo un tema candente en el ámbito político y jurídico en Colombia. La decisión de la Procuraduría de aplazar la audiencia marca el capítulo final en este proceso disciplinario, donde se decidirá la responsabilidad del excanciller en las mencionadas irregularidades.