Así sería el nuevo régimen que les traería beneficios a las empresas que generen empleo en Colombia y que el Gobierno incluyó en la Ley de Rescate Económico

La ley de rescate económico o reforma tributaria que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya está en el Congreso de la República. Entre otras cosas, plantea crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), un esquema de 16 años de estabilidad jurídica y tributaria para grandes inversiones en Colombia, con tarifas de impuesto de renta de 20% o 26%, que abre un debate entre los que lo ven como una vía para financiar proyectos y quienes lo califican de regresivo y advierten que su costo para las finanzas públicas no aparece en las cuentas.

Dicha iniciativa incorporaría al Estatuto Tributario un Libro Noveno, entre los artículos 917 y 925, para crear el Ruge. Con esto, la iniciativa del Gobierno De la Espriella busca reactivar la inversión privada, ofrecer seguridad jurídica de largo plazo y estimular las compras a proveedores nacionales.

Para adherirse, el inversionista debe constituir una sociedad nueva o una sucursal dedicada exclusivamente al proyecto y obtener un certificado de adhesión del Comité de Garantías y Estabilidad. Las solicitudes se recibirían hasta el 31 de diciembre de 2029 y, en las asociaciones público-privadas (APP), hasta 2031.

Inversiones que podrían entrar al Ruge

El régimen no estaría disponible para todas las empresas. En infraestructura, energía y recursos naturales —incluidos minería, petróleo, gas, electricidad, agua, transporte y obras civiles— el proyecto exige inversiones mínimas de 8.140.000 de unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $426.324.360.000 en 2026, con hasta ocho años para ejecutar las obras.

El profesor y consultor minero-energético Sergio Cabrales tradujo los montos a dólares y precisó los umbrales para otros sectores: “USD132,5 millones para infraestructura, energía y recursos naturales; USD90 millones para industria y economía digital; y USD42 millones para agroindustria, turismo y servicios”. El comercio, el sector financiero, las actividades inmobiliarias y la administración pública quedarían expresamente excluidos.

Tarifas reducidas y beneficios tributarios para los proyectos

Los proyectos que inicien ejecución en 2027 o 2028 tributarían a una tarifa de renta de 20%; los que arranquen desde 2029 pagarían 26%. Esas tasas se mantendrían durante los 16 años de vigencia, sin sobretasas ni puntos adicionales.

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco, añadió que la reforma prorrogaría hasta 2030 la sobretasa de 5 puntos al sector financiero y mantendría las sobretasas al carbón y al petróleo, pero “exime de toda sobretasa a las inversiones bajo el nuevo régimen Ruge”.

Junco describió el Ruge como una versión mejorada del régimen de megainversiones impulsado durante el gobierno de Iván Duque y resaltó que “el acceso a las tarifas preferenciales no sería automático, sino que dependería de los compromisos de inversión, empleo y demás condiciones que asuman las empresas adheridas”.

No obstante, ese porcentaje no es universal: las personas naturales residentes seguirían las reglas generales. El articulado también contempla una depreciación acelerada de hasta 50% anual para maquinaria, equipos y redes, y de hasta 10% para construcciones y edificaciones, junto con la exención del impuesto al patrimonio para el vehículo jurídico del proyecto y un tratamiento arancelario preferencial y temporal para importar maquinaria y bienes de capital no producidos en el país.

A cambio de esos beneficios, las compañías deberían ejecutar al menos 40% de la inversión comprometida en los dos años posteriores a la inscripción, adquirir en el país al menos 30% de sus bienes y servicios —con un tercio de ese porcentaje reservado para mipymes o proveedores locales—, pagar anualmente al Tesoro 0,1% del valor acumulado de la inversión ejecutada y constituir una póliza de cumplimiento de al menos 2% de la inversión comprometida.

Cabrales citó una estimación del Gobierno según la cual el Ruge permitiría comprometer cerca de $31 billones —unos USD7.600 millones— en inversiones entre 2027 y 2030, y generar alrededor de 29.000 empleos directos en plena operación.

Junco, por su parte, mencionó una proyección distinta de 350.000 empleos, sin precisar si corresponde al mismo universo o período. El exfuncionario también alertó que el proyecto limitaría la exoneración de aportes patronales a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, lo que elevaría los pagos de los empleadores por encima de ese umbral.

Costo fiscal y legitimidad del Ruge

El director socio de Navarrete Consultores, Juan Navarrete, considera que los 16 años de estabilidad, las tarifas de 20% y 26% y la depreciación acelerada prevista en el artículo 919 son elementos clave para que proyectos de infraestructura, energía, tecnología y turismo consigan financiación.

La postura del director del Centro Javeriano de Competitividad, Oliver Pardo, es opuesta. Aunque reconoció que la ley de rescate fiscal incluye “medidas dolorosas, pero necesarias”, calificó el artículo 69, que crea el Ruge, como “un régimen especial absolutamente regresivo”.

“En vez de eliminar beneficios tributarios, los aumenta. En vez de eliminar regímenes especiales, crea uno más”, afirmó, y añadió que sectores como la construcción y la minería figuran entre los posibles beneficiados, lo que podría restarle legitimidad social y viabilidad política a la reforma.

El magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas Daniel Munevar sostuvo que las grandes empresas serían las beneficiarias netas del esquema: “Hay un grupo particular que gana con el Ruge del tigre. Las grandes empresas son beneficiarias netas de la reforma de una forma que contradice mejores prácticas y profundiza los problemas del código tributario”.

Su reparo central es que el cuadro fiscal de la reforma no incluye el costo del régimen: “El análisis de costos de Ruge es visible por su ausencia”.

Munevar también comparó el Rugecon las zonas francas —misma tarifa de renta en 2027 y 2028, pero con depreciación acelerada y menores impuestos a los dividendos— y lo resumió en la imagen de “el país como ZF gigante”.

Recordó además que una comisión de gasto tributario recomendó evitar y terminar los contratos de estabilidad que el Ruge reintroduciría. La iniciativa preservaría los beneficios para las zonas francas y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), fue radicada el 29 de octubre y, según el cálculo de la firma Orza, el Gobierno tendría poco más de seis semanas para superar los cuatro debates legislativos antes del cierre de sesiones ordinarias del 16 de diciembre.