El 30 de octubre de 2024 se llevó a cabo un debate de control político en el Congreso de la República, centrado en las presuntas irregularidades en la adquisición y uso del software espía Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) de la Policía Nacional.
El debate, convocado por el senador Antonio Correa Jiménez, presidente de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, reunió a altos funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil para discutir las implicaciones del caso.
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La controversia en torno al software Pegasus surgió a raíz de una denuncia presentada por el presidente Gustavo Petro durante una alocución pública. En su intervención, el mandatario reveló una carta de la entidad oficial del gobierno de Israel para el lavado de activos, IMPA, dirigida a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En esta comunicación, se mencionaba la supuesta compra del software, que, según Petro, fue adquirida por el gobierno del expresidente Iván Duque por más de 11 millones de dólares en efectivo, fondos que presuntamente fueron trasladados en aviones desde Colombia hacia Israel. El presidente acusó a la administración anterior de utilizar el programa para espiar a opositores políticos durante el estallido social de 2021.
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La sesión, que se llevó a cabo a puerta cerrada y duró más de tres horas, contó con la participación del ministro de Defensa, Iván Velásquez, altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, y representantes de la Fiscalía.
Conclusiones del debate de control político
Al terminar la sesión, el senador Correa expuso varios puntos clave que resaltan la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una investigación exhaustiva:
- Prioridad en las denuncias: Correa solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar las declaraciones de la exfiscal Angélica Monsalve; del director de RTVC, Holman Morris; y del periodista Edinson Bolaño de la revista Raya. Además, instó a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional a garantizar la seguridad de estas personas, quienes son clave para el avance de la investigación.
- Falta de evidencias legales: el senador indicó que, tras una revisión exhaustiva de las fuentes de financiamiento, no se encontró evidencia legal de contratación por parte del Estado colombiano con la empresa NSO Group, desarrolladora del software Pegasus. “No se encuentra rastro legal de contratación por parte del Estado colombiano con la firma NCO Group en todo lo que se ha revisado y se ha certificado ante esta comisión”, afirmó Correa.
- Reconocimiento de la compra ilegal: a pesar de la falta de evidencia sobre la contratación legal, Correa confirmó que “Pegasus sí existe” y que las chuzadas, es decir, las interceptaciones ilegales, “sí ocurrieron”. Así mismo, afirmó que los organismos de inteligencia están dispuestos a colaborar con la Fiscalía General de la Nación para identificar a los responsables de este delito.
- Colaboración internacional: el senador también solicitó apoyo al poder legislativo en Israel para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, así como la realización de una reunión entre la comisión, el presidente Petro y la fiscal general para discutir a fondo la situación.
- Denuncias adicionales: Correa anunció que la próxima semana se elevará una denuncia ante la Fiscalía para identificar a los verdaderos responsables de estos graves hechos, que amenazan la democracia en Colombia.
Antonio Correa indicó, así mismo, que el Ministro de Defensa anunció que habrá una misión de la Fiscalía a Israel; y que como Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, le solicitaron al poder Legislativo de Israel “a trabajar juntos por la verdad”.
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Finalmente, el senador hizo un llamado a la ciudadanía: “Las chuzadas en nuestro país no se pueden hacer costumbre”, y agregó, a través de un mensaje en X: “Sigamos trinando con el #PegasusSíExiste, no le mientan más a Colombia”.
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