Alerta en el Bajo Atrato: grupos armados devastan ecosistemas y la Defensoría del Pueblo exige acción urgente

En los últimos cuatro años, la Defensoría del Pueblo emitió al menos tres alertas tempranas advirtiendo sobre los graves impactos ambientales en los ecosistemas del Bajo Atrato, en el norte del Chocó, donde actividades ilegales controladas por grupos armados están devastando el territorio. Estas alertas, numeradas como 013-23, 021-20 y 014-23, documentaron desde 2020 las graves consecuencias de estas economías ilegales, y una de ellas, la alerta 014-23, fue elaborada junto con la Defensoría de Panamá debido a su carácter binacional.

La Defensoría, que participó en la COP16, la conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, resaltó la urgencia de detener los daños que los grupos armados están causando en los ecosistemas del país. En su comunicado, la entidad alertó: “La deforestación, la pérdida de hábitats y la contaminación derivada de las actividades de minería ilegal, la extensión de la frontera agrícola y pecuaria, y los cultivos de uso ilícito son algunas de las economías que los grupos armados ilegales han consolidado, generando un impacto devastador en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El pronunciamiento también resaltó que “el EGC y otros grupos controlan economías ilegales, como la minería de oro y la tala de árboles, lo que causa daños ecológicos y pone en riesgo a líderes y lideresas ambientales”, y alertó sobre la participación del ELN en estas actividades ilícitas. A pesar de las advertencias de la Defensoría, los habitantes y líderes de la región expresaron su frustración, señalando que el Estado no ha actuado con eficacia para detener el deterioro ambiental en el Bajo Atrato.

Por su parte, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (también conocido como Clan del Golfo) emitió un comunicado en el que negaba cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con el deterioro ambiental y señalaba a ciertas organizaciones por acusarlos de estar involucrados en este daño ecológico. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó esta afirmación y afirmó que “el mensaje del grupo armado es contrario a la realidad que enfrentan miles de colombianos y colombianas, y es un intento por deslegitimar las alertas y denuncias emitidas por organizaciones”.

En ese contexto, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado enfático para que el cuidado y la recuperación ambiental, junto con la protección de los liderazgos ambientales, ocupen un lugar prioritario en las mesas de negociación de paz y en los diálogos socio-jurídicos con grupos armados organizados. “La protección y recuperación del ambiente, así como la protección de los liderazgos ambientales, deben ser un tema de primer orden en las mesas de negociación de paz”, destacó Marín Ortiz, instando a que el Gobierno considere estos aspectos en cualquier proceso de diálogo con actores armados.

Además, cabe recordar que el Clan del Golfo podría iniciar en las próximas semanas un proceso de negociación de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, quien ya reconoció a algunos líderes de este grupo armado como voceros en el marco de futuros diálogos.

En el contexto de la escalada de violencia y daño ambiental en el Chocó, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 021-20 el 14 de mayo de 2020, en la que advirtió sobre las graves consecuencias de la disputa armada entre el Ejército Gaitanista y el ELN. Esta confrontación, que evolucionó en una guerra intensa, resultó en el dominio de los Gaitanistas en varias áreas del departamento, permitiéndoles expandir su control.

La Defensoría del Pueblo documentó que el Clan del Golfo ejercía “control territorial, poblacional y sobre las economías legales e ilegales, principalmente las relacionadas con la extracción de minerales”, lo que confirmaba su influencia en las actividades que estaban afectando tanto al medio ambiente como a la economía local. Desde esa época, la entidad ya denunciaba el “desastre ambiental-ecológico” que se estaba gestando en la región debido a estas actividades ilícitas y advirtió también sobre la “omisión de algunas entidades y/o instituciones del gobierno con funciones ambientales” para atender la crisis, la cual, hasta hoy, ha seguido intensificándose.

El mensaje de la Defensoría en esa alerta temprana reflejó un diagnóstico preocupante sobre la capacidad de los grupos armados para imponer su dominio y la falta de acción por parte de autoridades ambientales, lo que dejó a la región en una situación de vulnerabilidad frente a la devastación ambiental.