El lunes 28 de octubre de 2024, en medio de un encendido debate en el Senado de la República, la propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) generó diversas posturas, pues el articulado apunta a incrementar las transferencias de recursos de la Nación a los municipios y departamentos.
En ese sentido, el congresista Antonio Correa, en su intervención en la plenaria del Senado, defendió el proyecto de ley, pues destacó la importancia de fortalecer la descentralización financiera en Colombia y criticó los efectos del centralismo en las regiones más vulnerables del país.
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El Sistema General de Participaciones es el mecanismo a través del cual el Gobierno nacional transfiere recursos para cubrir servicios esenciales como educación, salud, agua y saneamiento básico en los territorios y está sustentado en los artículos 356 y 357 de la Constitución.
De acuerdo con la Carta Magna, el sistema tiene como objetivo redistribuir parte de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) con base en criterios de población, necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza; sin embargo, Correa señaló que la estructura actual del SGP, tal como se implementó en los años 90, ha sido insuficiente y ha exacerbado las disparidades regionales.
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En su intervención, Correa recordó cómo la Constitución de 1991 marcó el camino hacia una descentralización administrativa, política y fiscal en el país, pero también denunció que la descentralización financiera se ha visto “coartada” y debilitada con el paso de los años.
Para el senador, este debilitamiento se debe en gran parte un acto legislativo del 2001, que introdujo un cambio en el esquema de transferencias y, a su juicio, perjudicó la inversión en sectores clave como la salud, la educación y el saneamiento básico.

“Aquí, hay que establecer claramente que la descentralización financiera y administrativa fue coartada, perjudicando a los sectores más vulnerables de nuestras regiones”, explicó Corre que consideró que estos recortes han dejado a las entidades territoriales en una situación precaria.
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El proyecto de ley, impulsado por los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Gustavo Moreno Hurtado y Jairo Castellanos Serrano, con ponencia de Ariel Ávila, plantea modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para elevar las transferencias hasta un 46,5 % de los ingresos nacionales hacia el 2034, con incrementos anuales del 2,5 %.
Por lo tanto, para Correa, esta reforma representa una oportunidad para compensar el “raponazo” que han sufrido las regiones y expresó su respaldo al proyecto, asegurando que su voto será positivo.

A lo largo de su discurso, el congresista también se refirió a los prejuicios que existen en torno al aumento de fondos para las regiones, en especial el argumento de que mayor presupuesto en las entidades territoriales podría fomentar la corrupción.
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Al respecto, aseguró que la corrupción no debe asociarse exclusivamente a las regiones, recordando que en el nivel central también se han perdido grandes sumas de dinero, que a menudo no son investigadas con la misma intensidad.
“Mientras en el centro se pierden billones, como lo hemos denunciado con la Unidad de Gestión del Riesgo, municipios como Montecristo lo que pueden hacer es un show mediático para hacer de ese show mediático un acto de eficiencia de la justicia en su ineptitud por tocar históricamente a los más grandes desfalcadores de la nación que se encuentran habitando aquí en el centro y que por mucho tiempo nos han gobernado”, aseguró el senador.
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El ausentismo en la sesión
Correa también hizo un llamado a los parlamentarios a participar activamente en el debate y no solo aparecer en los medios sin comprometerse con la discusión de fondo: “No nos vengan con el cuento dilatorio de que no intervinieron. La hora de la intervención de los parlamentarios era hoy”, comentó, haciendo referencia a los senadores que no estuvieron presentes en el debate, pero que suelen expresar sus posturas de manera mediática.
Finalmente, el senador Correa sugirió que se conformara una subcomisión especial para realizar una última revisión financiera y presupuestal del proyecto, contando con la participación de los ministros de Hacienda, Interior y el director de Planeación Nacional, con el fin de garantizar que la reforma sea viable y se convierta en un verdadero instrumento de solución para las necesidades de las regiones.
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