Procuraduría investiga a exfuncionarios de Chía por contrato con un funcionario inhabilitado; se cuestiona la transparencia

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra Eduardo Espinosa Palacios, exgerente del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial (Iduvi) de Chía, Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato con un contratista sancionado. Según el ente de control, Espinosa Palacios habría suscrito un contrato con Jorge Enrique Díaz Varela, que al momento de la firma se encontraba sancionado con destitución e inhabilidad general por 12 años, lo que contradice las normas de contratación pública.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el comunicado, los hechos se remontan a la celebración de un contrato en el cual Díaz Varela, el contratista en cuestión, presentaba antecedentes disciplinarios emitidos por la Secretaría de Integración Social de Bogotá, sanción que fue reportada en el certificado de antecedentes de la Procuraduría. A pesar de esta información, el contrato se llevó a cabo, vulnerando así el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que la ley establece para salvaguardar la moralidad en la función pública.

Por su parte, la Provincial de Instrucción de Zipaquirá también vinculó a la investigación a Diana Carolina Baracaldo Rodríguez, exjefa de la Oficina Jurídica y de Contratación del Iduvi, que habría pasado por alto los antecedentes disciplinarios de Díaz Varela al permitir la firma del contrato. Baracaldo, al igual que Espinosa, ignoró la inhabilidad del contratista, desatendiendo las advertencias del certificado de antecedentes presentado en el proceso de contratación.

El Ministerio Público señaló que la conducta de Espinosa Palacios podría haber quebrantado el principio de moralidad, uno de los pilares fundamentales en la administración pública, y calificó provisionalmente su actuación como una falta gravísima a título de culpa grave. En el caso de Baracaldo Rodríguez, el ente de control adujo que sus acciones habrían afectado los principios de moralidad y eficacia, calificando su conducta también como falta gravísima, atribuida a título de culpa gravísima.

La Procuraduría subrayó la gravedad de estos hechos, señalando que, al contratar a un funcionario inhabilitado, se estaría socavando la transparencia y legalidad que debe regir en los procesos contractuales públicos.

El proceso disciplinario continuará su curso, y de comprobarse las faltas, los implicados podrían enfrentar sanciones adicionales que incluyen la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La importancia de evitar la contratación de personas inhabilitadas radica en la necesidad de garantizar la transparencia, la legalidad y la ética en el manejo de los recursos públicos. En el caso de Chía, la contratación de un funcionario inhabilitado, como ocurrió con el contratista Jorge Enrique Díaz Varela, muestra cómo la falta de control sobre antecedentes disciplinarios puede poner en riesgo la moralidad y la eficacia en la administración pública. Al pasar por alto la sanción de destitución e inhabilidad general de 12 años que pesaba sobre Díaz Varela, presuntamente el exgerente del Iduvi, Eduardo Espinosa Palacios, y la exjefa de la Oficina Jurídica, Diana Carolina Baracaldo, vulneraron la normativa de inhabilidades e incompatibilidades.

Respecto a más acciones del ente de control en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de ocho años a Erika Alexandra Tabarez Henao, exsecretaria de Asuntos Administrativos de Dosquebradas, Risaralda. La sanción se debe a sobrecostos en un contrato de pauta publicitaria por $600 millones, donde omitió analizar precios, generando una afectación a los principios de economía y responsabilidad.

La Procuraduría determinó que Erika Alexandra Tabarez Henao, como ordenadora del gasto, incurrió en faltas graves al no cumplir con la normativa contractual durante la etapa de planeación del contrato. Su omisión en verificar los costos reales resultó en un sobrecosto superior al 400%, vulnerando los recursos públicos destinados a la celebración del aniversario de Dosquebradas.