
En la madrugada del sábado 26 de octubre, habitantes de los barrios La Campiña y El Bosque, sector cercano al centro comercial Chipichape, presenciaron la llegada de alrededor de 1.000 indígenas pertenecientes a la Minga de Cali, para tomarse de manera temporal terrenos de la zona conocida como Lote B5.
De acuerdo con su exigencia, esta ocupación se mantendrá en tanto no hagan presencia los representantes del Gobierno nacional, departamental y hasta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Su principal petición es que les entreguen tierras que, afirman, llevan esperando por más de ocho meses tras un supuesto acuerdo.
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A propósito, Sara Muñoz, defensora de derechos humanos de la organización N-21, afirmó que el grupo de indígenas tomó las vías de hecho en vista de la falta de resultados ante unas conversaciones para garantizar el derecho a la vivienda de dichas comunidades.

“En estos momentos, la Minga Cali, que es un proceso que viene de una comisión interinstitucional alrededor de tres años con la Alcaldía municipal y el Gobierno nacional, decide hacer esta ocupación pacífica a raíz de que no se ha dado respuestas concretas, se le ha mentido a las comunidades, se les ha revictimizado en estos diálogos, que se han establecido mintiendo que se les va a entregar la tierra, de que van a tener una vivienda digna, y que las condiciones en las que llegaron a esa capital puedan cambiar, puedan ser bien recibidos teniendo un territorio y una vivienda”, expresó Muñoz a Telepacífico Noticias.
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Del mismo modo, enfatizó en que se trata de un terreno propiedad del Estado, por el que reclaman para, al parecer, asentarse y construir un nuevo barrio. Además, rechazan que algunos terrenos sigan siendo utilizados para la producción de caña de azúcar.
“La petición puntual es tierra para la gente y no para la caña. Este predio es propiedad de la SAE, hace parte del gobierno nacional. Nosotros hemos estado dialogando con el Gobierno nacional. Específicamente con la SAE, también necesitamos que la Alcaldía pueda avalar también esta toma o esta ocupación pacífica que se está dando en estos momentos para que las personas puedan por fin tener la tierra y tener un lugar donde vivir dignamente”, destacó la activista al medio mencionado.
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Por su parte, el abogado Flavio Ochoa, representante de una de las familias dueñas de los terrenos, explicó que el lugar carece de servicios básicos como agua y electricidad y presenta un alto riesgo de deslizamientos en temporada de lluvias, lo que hace que la situación sea “bastante precaria”.
“Las personas que llegaron hasta estos lotes están exigiendo la presencia del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y de representantes de la SAE para que les entreguen unas tierras que supuestamente vienen concertando desde hace más de ocho meses y que les dijeron que les iban a entregar. Estas son zonas que no tienen ni agua y tampoco energía y, cuando hay lluvias, presentan deslizamientos. Es una situación bastante precaria”, expresó Ochoa a El País de Cali.
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Entre tanto, funcionarios de Inspección, Vigilancia y Control de Cali recibieron la alerta sobre esta invasión alrededor de las 6:00 a.m. y, según el subsecretario de esta dependencia, Javier Garcés, “ya el equipo está en terreno verificando el tema”. Indicó además que la Fuerza Pública y la Personería de Cali también están en la zona.
Finalmente, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, declaró que el evento “está siendo monitoreado con todas las instituciones” y que se busca “estabilizar esta acción de hecho” aplicando el Código Nacional de Convivencia. García enfatizó que “no podemos aceptar de ninguna manera estas actuaciones”.
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