
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aclaró a través de un comunicado la situación respecto a la adquisición de terrenos en El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. Según la ANT, actualmente no es posible comprar los predios en cuestión, ya que están bajo un proceso de análisis técnico-jurídico para determinar si son baldíos. Este proceso es crucial para que el Estado pueda decidir sobre la posesión de dichos terrenos.
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“Con este comunicado, la ANT aclara la información que sale en otros medios sobre la compra de 8.000 Hectárea en Carmen de Atrato, que dicen no estar documentadas con títulos de propiedad. La ANT básicamente responde que no es posible comprar o adquirir los predios, ya que actualmente están en proceso de análisis técnico-jurídico para verificar si son baldíos. Una vez se determinen las características y la propiedad del predio, según el resultado, el Estado podrá tomar posesión de ellos”, se lee en la primera parte del comunicado.
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En 2017, los terrenos de la Finca El Doce fueron postulados para compra por el entonces Incoder y solicitados por el Resguardo Indígena Wiwa Arzario de Campo Alegre. Sin embargo, los folios radicados inicialmente están cerrados debido a un englobe realizado ese mismo año, lo que impide su adquisición por parte de la Agencia. Además, estos predios han sido objeto de englobes y divisiones, y los últimos folios son de tipo urbano, lo que también imposibilita su compra.
“Los folios radicados inicialmente se encuentran cerrados, producto de un englobe realizado en 2017, razón por la cual no pueden ser adquiridos por la Agencia. Han sido objeto de una serie de englobes y divisiones, siendo los últimos folios de tipo urbano, lo cual imposibilita la compra por parte de la Agencia. Así se informó a la Comunidad”, añade la Agencia.
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La ANT informó a la comunidad indígena en octubre de 2022 sobre estas limitaciones y solicitó información adicional para confirmar la naturaleza baldía de los predios. Hasta la fecha, las últimas actuaciones de la Agencia en estos expedientes se realizaron en 2022, enfocándose únicamente en la solicitud de información adicional.
De acuerdo con el documento, las últimas “actuaciones de la Agencia en estos expedientes corresponden al año 2022, en las que únicamente se solicitó información adicional de los predios”.
Añaden que los “procedimientos de compra de la Agencia, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen el análisis de viabilidades jurídicas, mediante el cual se determina la naturaleza de los predios para evitar comprar baldíos. Las viabilidades se adelantan en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Estas verificaciones se hacen para las ofertas presentadas en todas las regiones del país, sin excepción”.
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Los procedimientos de compra de la ANT, tanto para campesinos como para comunidades étnicas, incluyen un análisis de viabilidades jurídicas que determina la naturaleza de los predios para evitar la compra de terrenos baldíos, y se realiza en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las verificaciones se aplican a todas las ofertas presentadas en el país, sin excepción.
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia no ha adquirido predios en El Carmen de Atrato. No obstante, asegura la ANT en el texto, siguen recibiendo ofertas voluntarias de ganaderos interesados en participar en la reforma agraria.
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Qué pasa con los predios
La Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó emitió una advertencia sobre el riesgo de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquiera terrenos baldíos en El Carmen de Atrato, Chocó, debido a la falta de documentación que acredite la propiedad legal de estos predios. Según informó Semana, la ANT ha recibido ofertas para comprar aproximadamente 8.000 hectáreas distribuidas en cerca de 50 folios, pero la falta de títulos de propiedad válidos ha generado preocupación.

Desde 1989, estas tierras han pasado por diversos procesos de englobamiento y desenglobamiento, lo que ha complicado aún más la situación. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ha señalado que no existe documentación complementaria que respalde un título previo que valide el derecho a la propiedad privada en las transferencias de dominio realizadas. Esto plantea dudas sobre si las transacciones iniciales fueron legales o si se trató de apropiaciones irregulares.
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Los expedientes relacionados con estos terrenos son extensos y carecen de información esencial como el código catastral, la nomenclatura y la determinación del área. Esta falta de trazabilidad impide identificar a los compradores anteriores y las condiciones bajo las cuales se realizaron las transacciones, lo que complica la inversión de recursos públicos en su adquisición.
A pesar de las solicitudes de las comunidades para que la ANT adquiera estas tierras, la entidad ha respondido que no está considerando realizar la compra. La situación subraya la importancia de contar con una documentación adecuada y transparente para evitar posibles irregularidades en la adquisición de tierras por parte del gobierno.
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