Capo colombiano exige a la Fiscalía que le devuelva más de dos billones de pesos incautados en lujosos bienes

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) estaría ad portas de recibir un fuerte golpe financiero que se acerca a los dos billones de pesos, debido a una serie de recursos legales que piden la devolución de lujosos bienes que suman más de 303 entre Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y otras ciudades intermedias. La razón, tiene que ver con la reclamación de 46 personas que afirmaron haber adquirido de manera legal estas propiedades.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, esto también provocó que se llevara a cabo una serie de reuniones en los altos mandos de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, ya que los demandantes tendrían cómo comprobar de compraron lícitamente los bienes. Destacan entre los predios un edifico, un hotel y un apartamento en exclusivos puntos del norte de la capital, así como una oficina en Torre Central, sobre la avenida El Dorado.

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De acuerdo con el portal informativo antes citado, cuando el proceso de extinción de dominio arrancó en 2013, el avalúo de estos bienes ascendía a los 2 billones de pesos; sin embargo, destacan que a pesar de que no existe un fallo que ordene la figura de extinción de dominio a favor del Estado, algunos de los lujosos bienes ya están en proceso de venta como lo permite la ley.

Según se conoció, a pesar de que los dueños han demostrado la adquisición de estos bienes de manera legal, para la Fiscalía 12 especializada tienen algo que los une con la figura del narcotraficante capturado en 2022 en Argentina, Ignacio Álvarez Meyendorff. De acuerdo con el informe de El Tiempo, después de pagar condena en Estados Unidos en 2017 regresó a Colombia preguntando por el expediente que tenía abierto en extinción de dominio.

Álvarez Meyendorff interpuso varios recursos legales en los que pide que los bienes sean devueltos, ya que cuando los adquirió argumentó que no estaba vinculado al narcotráfico ni investigado por la conducta delictiva de la que lo señalan. Además, aseguró que los transfirió a otras personas de manera legal, por lo que comenzó el proceso legal.

Sin embargo, aunque las personas apoderadas de los bienes en su momento adjuntaron pruebas de la legalidad de los dineros con los que los adquirieron, la defensa del capo insistió que en el proceso de extinción de dominio se cometieron irregularidades. Algunas de esas fueron la falta de comunicación a los implicados para ejercer su derecho a la legítima defensa, hecho que habría sido admitido por uno de los fiscales del caso argumentando que se trató de un “error”.

De acuerdo con la defensa de Álvarez Meyendorff, se han ampliado los plazos de manera inexplicable, denunciando además que se ha mantenido vivo el proceso “reviviendo otro de supuesto lavado de activos que, según la base de datos de la Fiscalía, ya estaba archivado por inexistencia del hecho”. Por otro lado, la Fiscalía aseguró al medio citado anteriormente que los bienes se encuentran bajo esta figura porque “fueron producto directo o indirecto de actividades ilícitas”.

Asimismo, el ente acusador aseguró que no hay garantía de que los bienes serán devueltos porque el proceso no ha culminado, en razón a que se deben agotar todas las etapas pertinentes en el caso.

“Todo obedece al trámite procesal que debe agotarse. Se trata de un buen número de bienes que estaban en cabeza de diferentes propietarios. Lo que se ha encontrado es que se trasladaban los bienes a través de acciones civiles como hipotecas y fiducias para tratar de ocultar ese patrimonio de la persecución estatal”, concluyó la defensa de Meyendorff a El Tiempo.