
El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es uno de los grupos delincuenciales con más fuerza en el país. Sus conocidos métodos para asustar a las comunidades y financiarse (desplazamientos forzados masivos, confinamientos de comunidades, reclutamiento y uso de menores, masacres, desapariciones forzosas y violencia sexual), y la cantidad de hombres que tiene en la actualidad, hacen de este grupo uno de los más complejos de combatir para la Fuerza Militar colombiana y otros grupos armados ilegales con los que se enfrenta por control territorial.
El 20 de octubre de 2024 se conoció la detención de uno de los cabecillas de la estructura central de este grupo en la operación Themis: alias Coronel fue capturado por las autoridades mientras se encontraba jugando un partido de fútbol. A este líder criminal, a quien también se le conoce por el alias de Chiqui, se le imputarán medidas cautelares por delitos como homicidio agravado, fabricación y tráfico de armas o concierto para delinquir.
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No obstante, la estructura del Clan del Golfo es más compleja de lo que parece, y según los territorios que controlan, se dividen en rangos de jerarquía para controlar de la mejor manera posible las actividades ilícitas que cometen en, al menos, el 75% del país. Por ello, uno de los retos de las autoridades es realizar inteligencia en distintos puntos en los que hay presencia de unidades de este grupo armado para capturar a sus cabecillas.
En la mañana del 21 de octubre de 2024, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la judicialización de Cristina Isabel Muñoz Ortega, que presuntamente haría parte de las AGC como una de las cabecillas en el departamento de Córdoba, como líder de la subestructura Javier Yepes Cantero.
La entidad de la rama judicial aseguró que esta subestructura ha sido responsable de siete homicidios desde enero de 2022 en Córdoba: “Los lugares en los que se presentaron los delitos fueron Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo (Córdoba)”, se lee en el comunicado.

Muñoz Ortega habría participado en el reporte de las acciones delictivas cometidas por sus hombres a líderes de mayor orden jerárquico en la estructura de las AGC, razón por la que la Fiscalía la acusó de concierto para delinquir con fines de homicidio. Un juez de garantías la privó de su libertad, pagará su condena en un presidio. Cabe destacar que. la mujer había sido capturada el 11 de octubre en el barrio El Oriente de Cereté. Esto dijo la Fiscalía: “El material de prueba da cuenta de que la mujer, presuntamente, reportaba la ejecución de las acciones delictivas de la estructura a cabecillas de mayor rango.
La Defensoría del Pueblo hizo una advertencia temprana a inicios del segundo trimestre del 2024, en la que argumentó que la expansión del grupo en el departamento de Córdoba ponía en riesgo exponencial a los habitantes de los municipios Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento.

En este informe se puede leer que la estructura Javier Yepes Cantero y El Frente Manuel José Gaitán son quienes tienen mayor presencia en esta parte del departamento y que la amenaza para los municipios que están bajo el control de estos grupos “se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, dijo en su momento el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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