En el municipio de Galapa, ubicado en el departamento del Atlántico, 17 bienes vinculados a la extracción ilegal de materiales de construcción en una zona forestal fueron objeto de medidas cautelares. Según informó la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, estos bienes fueron sometidos a embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo.
Entre los bienes afectados por las medidas impuestas en Galapa se encuentran cuatro terrenos, varias volquetas y maquinaria amarilla, valorados en más de 4.714 millones de pesos.
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Estos activos fueron descubiertos en medio de una investigación criminal liderada por la Seccional Atlántico y la Dirección Especializada de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, informó la Fiscalía General de la Nación.
La investigación determinó que los involucrados trabajaban para un grupo que extraía arena, gravilla y algunos materiales del terreno conocido como El Socorro, sin contar con los permisos legales correspondientes. Además, estas actividades ilegales provocaron graves daños ambientales, incluyendo la remoción de la capa vegetal, alteraciones en el uso del suelo y el deterioro de los ecosistemas locales, causado por el uso de maquinaria pesada para la extracción de materiales de arrastre, según indicó la Fiscalía General de la Nación.
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Cabe destacar que, en junio de 2024, cuatro personas fueron juzgadas por su implicación en la extracción, traslado, transporte y comercialización de los materiales obtenidos ilegalmente en el terreno de El Socorro. La operación que permitió la ocupación de los bienes se llevó a cabo en colaboración con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados por estas medidas, que buscan proteger los recursos naturales y combatir los delitos ambientales que han causado daños irreversibles en la zona. La Fiscalía General de la Nación subrayó la importancia de estas acciones para prevenir el impacto continuo de las actividades ilegales en el medio ambiente y aseguró que los responsables enfrentarán las sanciones legales correspondientes.
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Paraísos fiscales drenan $3,2 billones del país y aumentan la desigualdad
En Colombia, el uso de los paraísos fiscales es uno de los principales factores en el incremento de la desigualdad económica, por lo que afecta significativamente los ingresos tributarios del país. Durante la última década, alrededor de un tercio de la inversión extranjera directa, tanto entrante como saliente, ha pasado por jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Según datos del Banco de la República, un 28% de la inversión que ingresó a Colombia provino de estos territorios, destacando a Panamá como uno de los principales destinos, con USD935 millones.
Este fenómeno no solo implica una fuga de capitales, sino que también amenaza la capacidad del Estado para financiar programas sociales y de desarrollo. En 2024, más de un tercio de la Inversión Directa de Colombia en el Exterior (Idce) se dirigió a países con baja tributación, lo que provocó la salida de $3,2 billones de pesos en los primeros seis meses del año, según datos oficiales.
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De esta forma, Colombia debe potenciar su normativa tributaria revisando su lista de guaridas fiscales y adoptando criterios más estrictos para identificar aquellas jurisdicciones que facilitan la evasión fiscal, según Oxfam. La organización subraya que la cooperación internacional es esencial en esta lucha, ya que permitiría un mejor intercambio de información fiscal entre países. Asimismo, reforzar la capacidad de la Dian para rastrear los flujos financieros hacia estos territorios se considera una medida clave para enfrentar el problema de manera más eficaz.
Marcela Prieto, directora ejecutiva de Oxfam Colombia, subrayó la necesidad de modificar la percepción sobre estos territorios. “Oxfam Colombia hace un llamado a dejar de utilizar el término ‘paraíso fiscal’, porque no son, en sentido estricto, un ‘paraíso’ para las finanzas colombianas. Son más bien guaridas fiscales que esconden recursos que deberían ser utilizados para garantizar los derechos de todas las personas, especialmente aquellas en mayor situación de vulnerabilidad”, afirmó Prieto.
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