La crisis carcelaria en Colombia no pasa por su mejor momento en 2024, no solamente por los problemas que a diario reportan los internos y que fueron diagnosticados por la Corte Constitucional, también por el grave problema de inseguridad que enfrentan los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La situación, que entidades como el Ministerio de Justicia y el mismo Inpec lamentan -y por la que la ministra Ángela María Buitrago convocó a un minuto de silencio el viernes 18 de octubre-, se recrudeció la tercera semana de octubre con dos ataques con armas de fuego: uno en Bucaramanga y otro en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali.
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El primero de estos dejó herido al dragoneante Dyeezen Fernando Carrillo Sánchez, que seis meses antes del ataque había pasado por una situación similar. Sicarios que se desplazaban en moto le dispararon cuando entraba a su turno en la cárcel La Modelo de la capital santandereana. De él, el último reporte que se tiene es que se está recuperando en un centro asistencial.
El que dejó víctimas mortales fue el ataque a un carro del Inpec que iba desde Popayán a Palmira, Valle. Cuando pasaba por el sector conocido como Pescador, hombres con fusiles le dispararon matando a dos guardias: el inspector Óscar Darío Bravo Pasuy y el dragoneante Michel Carlosama; así como a dos presos: el paramilitar Pedro Hurtado y Manuel Octavio Bermúdez, uno de los peores depredadores sexuales al que llamaban ‘el Monstruo de los Cañaduzales’.
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El director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, lamentó ambos sucesos resaltando que está “adelantando todas las coordinaciones con la ministra de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía para esclarecer todos los hechos. Ya enviamos a un equipo desde Bogotá a Popayán que está haciendo acompañamiento a los familiares y a los heridos”. La situación tiene en alerta al Inpec, el Ministerio de Justicia y la Policía, pues refleja una problemática que en 2024 no paró.
Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el de Élmer Fernández, exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá. Murió de un disparo cuando se dirigía por la localidad de Barrios Unidos en un carro, y hasta el momento la Fiscalía no anuncia quiénes estuvieron detrás de este acto en el que el exdirectivo ya tenía una amenaza de muerte en su contra.
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La compleja situación
La creciente violencia en Colombia puso en jaque la seguridad de los funcionarios del Inpec. Un caso que ilustra esta problemática es el ataque armado que sufrió el dragoneante Valentín Eduardo Payares Pertuz en Barranquilla, que fue baleado mientras estaba en su vehículo. Este incidente desencadenó una investigación de la Fiscalía, que contempla diversas hipótesis sobre el ataque, incluida la posibilidad de que esté vinculado a su trabajo como policía judicial.
El ataque a Payares no es un hecho aislado, ya que otros funcionarios también fueron asesinados en circunstancias similares. Ejemplos incluyen al dragoneante Juan Carlos Zemanate Dorado, emboscado en Lácteos, y José Richard Hernández, quien fue asesinado en Montería tras salir de su turno.
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El director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, buscó colaboración con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para implementar esquemas de seguridad, resultando en 59 funcionarios bajo medidas de protección. A pesar de estas acciones, 375 funcionarios reportaron amenazas en los últimos meses y se registraron 18 incidentes de violencia, 17 de los cuales estaban dirigidos contra el cuerpo de custodia y vigilancia. Este alarmante clima de inseguridad señala la urgente necesidad de medidas más efectivas para proteger a quienes desempeñan un papel crucial en la seguridad penitenciaria del país.
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