
El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso judicial en el que se le acusa de presunta manipulación de testigos. En una audiencia clave programada para el 16 de octubre, se decidirán las pruebas documentales y testimoniales que se utilizarán en su juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
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Mientras tanto, la defensa de Uribe espera que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelva una acción de tutela que busca proteger el derecho al debido proceso del exmandatario.
En audiencias recientes, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, solicitó la exclusión de las interceptaciones telefónicas como prueba, argumentando que vulneraron los derechos a la intimidad de su cliente al haber sido realizadas sin justificación legal.

Granados afirmó ante la jueza 44 de conocimiento de Bogotá que estas escuchas, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, violan la Constitución Política de Colombia y carecen de una orden judicial que las justifique, según mencionó en conversaciones con RCN Radio.
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La Fiscalía General ha citado 28 interceptaciones telefónicas en las que, supuestamente, Uribe da órdenes para que su abogado, Diego Cadena, presione a testigos con el fin de lograr una retractación. Sin embargo, la defensa sostiene que estas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, ya que la Corte Suprema reconoció que las interceptaciones se realizaron por “error”.
Durante una de las audiencias, el expresidente Uribe reiteró su inocencia y apoyó la solicitud de su abogado para excluir las interceptaciones. “Yo apoyaría lo que ha dicho el doctor Jaime Granados, respetuosamente señora juez, para que esas interceptaciones se excluyan finalmente”, expresó Uribe. Además, aseguró que nunca envió a Cadena a comprar testigos, sino a investigar y verificar información en su defensa.
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El caso ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político, especialmente después de que en enero de 2024 la Corte Suprema declarara que las interceptaciones hechas por “error” eran legales, argumentando que estaban respaldadas por una orden judicial adecuada. Este fallo ha sido objeto de controversia y discusión.

La audiencia del 16 de octubre será crucial para definir el rumbo del proceso judicial contra Uribe, mientras su defensa continúa buscando la exclusión de las pruebas que considera ilegales.
Álvaro Uribe: interceptaciones ilegales en el juicio que sigue su defensa
En una audiencia judicial celebrada el 9 de octubre de 2024 en Bogotá, el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, solicitó la exclusión de ciertas pruebas en el juicio que enfrenta su cliente. Granados argumentó que las intercepciones telefónicas realizadas al expresidente fueron ilegales y vulneraron su derecho a la intimidad.
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El caso contra Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se centra en acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos.
Durante la audiencia, Granados pidió a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá que no se consideren las grabaciones de las conversaciones entre Uribe y su abogado Diego Cadena como evidencia en el juicio. Según el abogado defensor, estas intercepciones fueron realizadas sin justificación y, por lo tanto, afectan el debido proceso.
El expresidente Uribe, quien no había asistido a las dos audiencias previas alegando falta de garantías procesales, estuvo presente en esta sesión. La defensa sostiene que las intercepciones, realizadas por la Corte Suprema de Justicia, contaminan todo el proceso judicial, lo que podría influir en el resultado del juicio.
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Granados argumentó que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la interceptación de comunicaciones debe estar debidamente justificada para no violar derechos fundamentales. La defensa busca que estas pruebas sean desestimadas para asegurar un juicio justo para el líder del Centro Democrático.
Este caso ha generado gran atención mediática y política en Colombia, dado el perfil del acusado y las implicaciones que podría tener en el ámbito político del país. La audiencia preparatoria es un paso crucial en el proceso judicial, donde se determinan las pruebas que serán admitidas en el juicio.
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