Hermana de Armando Benedetti le recordó a Petro publicación en la que decía que “un presidente debe respetar los fallos de un juez y obedecerlos”

La reciente investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro ha suscitado variadas respuestas en el ámbito político.

El CNE ha imputado cargos a Petro y a Ricardo Roa, quien dirigió su campaña y actualmente lidera Ecopetrol, por supuestamente exceder el límite de gastos en 5.355 millones de pesos. El gobierno considera que esto podría ser el comienzo de un intento de golpe de Estado.

Dicho suceso, ha sido uno de los que más ha generado debate sobre todo el territorio nacional en los últimos días. Así como opositores defienden la decisión del CNE, los cercanos al primer mandatario de Colombia dicen que no tienen la autoridad para investigar al presidente de la República.

A la controversia se sumó la voz de Angela Benedetti, hermana del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, quien en los últimos meses ha lanzado fuertes críticas a Gustavo Petro y al Gobierno nacional después de apoyarlo en campaña.

En su cuenta de X Benedetti compartió una publicación en la que mostró una captura de pantalla de una publicación del jefe de Estado, del 2019, en la que decía que “un presidente debe respetar los fallos de un juez y obedecerlos”.

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En su publicación la hermana del embajador escribió “Siempre hay un tweet” variación de una frase utilizada últimamente por diferentes políticos cuando publican mensajes del pasado de congresistas, funcionarios, servidores y más. En cuanto a la publicación del 2019 del presidente en esta dijo exactamente que “En un Estado de Derecho que debe hacer un Presidente ante un juez? Obedecerlo en sus fallos y respetarlo”.

Dicha publicación causó revuelo en la mayoría de sus seguidores pues varios discreparon de lo que dio a entender en su publicación, que Petro tenía que respetar la decisión del CNE, y le comentaron en la publicación “los magistrados del CNE no son jueces”.

Asimismo, compartió varias publicaciones en las que le respondían al presidente Petro por calificar dicha decisión como un “golpe blando”. Uno de los post que replicó fue el del exministro de Hacienda del actual Gobierno, José Antonio Ocampo.

Ocampo en su cuenta de X comentó que: “Presidente: en vez de denunciar un Golpe de Estado, que no existe, el Gobierno debe promover activamente la propuesta de acuerdo nacional que presentó su Ministro del Interior, contribuyendo así a moderar la polarización política, que es uno del principales problemas del país”.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, no se quedó de brazos cruzados ante las acusaciones de presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral en 2022. A través de una extensa y detallada misiva, los abogados defensores del Presidente se dirigieron a la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, para exponer su versión sobre el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este organismo, con siete votos a favor y dos en contra, dio luz verde a un informe que estima un excedente de aproximadamente $5.355 millones de pesos en los gastos de la contienda presidencial de Petro. Sin embargo, los defensores del jefe de Estado buscan desmentir tales señalamientos, aportando pruebas que respalden el manejo transparente de los recursos económicos utilizados durante la carrera hacia la Casa de Nariño.

En el documento presentado por Mauricio Pava, abogado del presidente, y dirigido a los representantes del Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, Gloria Arizabaleta, y Wílmer Ramiro Carrillo del Partido de la U, el mandatario solicitó eliminar cualquier restricción vigente. El objetivo es que, según sus palabras, los ciudadanos puedan estar informados sobre el progreso de las investigaciones en esta comisión legislativa.

“Por instrucción directa del señor Presidente, la defensa solicita que se levante cualquier tipo de reserva existente sobre este expediente de la referencia”, dijo Pava. Esta solicitud se basa en los artículos 14, 330 y 426 de la ley 600 del 2000, donde se regula la confidencialidad del proceso penal. De esta manera, el abogado respaldó el pedido previamente anunciado por el jefe de Estado durante su discurso el martes 8 de octubre de 2024.