El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la apertura de una investigación y la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, generó una ola de reacciones en el ámbito político. La decisión se centró en posibles irregularidades durante la campaña presidencial de 2022, situación que rápidamente avivó el debate entre los distintos sectores políticos.
Las críticas desde el Pacto Histórico y el Gobierno se hicieron sentir, y el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, fue uno de los primeros en responder de manera contundente. Durante la jornada del miércoles 9 de octubre, Bolívar calificó la decisión del CNE como una maniobra precipitada y carente de fundamento. Expresó su descontento mediante un mensaje en redes sociales, señalando que con estas acciones lo único que conseguían era fortalecer al movimiento político liderado por Petro.
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“Pobreza jurídica y torpeza política por el afán de sacar del camino a quien les dañó el negocio en que habían convertido las tierras y el Estado. Con su torpeza solo logran unirnos y hacernos más fuertes”, afirmó Bolívar, dejando en claro que el Pacto Histórico se mantendría firme frente a lo que perciben como un ataque dirigido contra el presidente y sus aliados.
Mientras tanto, otros integrantes del Pacto Histórico manifestaron su apoyo al presidente Petro y a Ricardo Roa, interpretando las medidas del organismo electoral como una señal de persecución política que no solo afecta la imagen de la campaña, sino que busca desestabilizar el gobierno.
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La decisión del Consejo Nacional Electoral no solo incluyó al presidente Gustavo Petro y a Ricardo Roa, también involucró a otros actores claves de la campaña presidencial de 2022. Los auditores de la campaña, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, se encuentran ahora dentro del proceso de investigación, al igual que los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana, a los que el organismo les formuló cargos por presuntas irregularidades.
De acuerdo con la normatividad vigente, una vez notificada la decisión del CNE, los involucrados contarían con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus respectivos descargos. Luego de esa etapa, se daría inicio al período probatorio, en el cual las partes tendrán la oportunidad de aportar pruebas, contradecir las presentadas por el organismo y defender su posición.
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El proceso, que incluye una fase probatoria de hasta 60 días, está diseñado para garantizar la revisión exhaustiva de todas las pruebas y testimonios que se consideren pertinentes. A esto le seguiría un lapso adicional de 30 días para que la Sala Plena del Consejo Electoral emita su decisión final sobre el caso.
La respuesta de Petro
El presidente Gustavo Petro arremetió contra la decisión del CNE, que imputó cargos a él y a otros responsables de su campaña presidencial por supuestamente haber excedido los topes de gastos en 2022. En un discurso de 8 minutos, Petro expuso su desacuerdo con la medida y señaló lo que considera un intento de “golpe de Estado” en su contra.
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“Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos”, comenzó diciendo Petro. En su intervención, llegó a afirmar que, si el proceso avanza, se estaría ante la “mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país”.
El mandatario también criticó la naturaleza política del CNE y argumentó que esta entidad no tiene competencias para investigarlo. Recordó que, según la Constitución, el fuero del presidente es integral y que la única instancia que puede llevar a cabo esta clase de investigaciones es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En sus palabras, “lo ocurrido pone en peligro la institucionalidad que hoy represento.”
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