Cambio en la forma de entregar recursos a alcaldías y gobernaciones pondría en riesgo las finanzas de los colombianos

En medio de un intenso debate legislativo, el Congreso de la República avanza en una propuesta que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), que establece los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales (Alcaldías y Gobernaciones) para satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente.

Dicha propuesta generó una alerta desde el Ministerio de Hacienda. Según documentos, la cartera que lidera Ricardo Bonilla decidió no otorgar un aval fiscal a la iniciativa, debido a preocupaciones de que este cambio pueda llevar a un desbalance financiero importante. El proyecto legislativo ya superó seis de los ocho debates necesarios y está diseñado para incrementar los recursos destinados a municipios para fortalecer su autonomía territorial.

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Sin embargo, existen voces críticas que anticipan un posible impacto negativo en la estabilidad económica del país.

El Ministerio de Hacienda advirtió, por medio de un documento que conoció W Radio, que “este tipo de iniciativas pueden generar un desequilibrio fiscal que es insostenible y puede poner en riesgo la inversión social en el país, especialmente para salud y educación”. Además, existe el temor de que la ejecución del proyecto afecte la calidad y continuidad de los servicios esenciales debido a las restricciones presupuestarias que puedan surgir.

Se resalta que el impacto acumulado de estos cambios se estima en unos $327.652 millones, lo que corresponde a alrededor de $188.055 millones a precios constantes de 2023 (equivalente al 11.7% del PIB).

La reforma plantea que, a partir de 2035, el SGP represente como mínimo el 46,5% de los ingresos corrientes del Estado, cifra que según el documento, implicaría costos fiscales recurrentes no contemplados en el presupuesto actual del país. Este ambicioso objetivo generó preocupación por la sostenibilidad fiscal a largo plazo, dado que el proyecto no concuerda con las proyecciones macroeconómicas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

El documento citado por el medio asegura que, según el Ministerio de Hacienda, “la propuesta tendría un costo fiscal acumulado que la Nación no puede soportar”, y solicita que se consideren estos puntos en las discusiones legislativas.

Choque entre los ministerios del Interior y Hacienda

El debate se intensifica entre el Ministerio del Interior y el de Hacienda, pues el primero aboga por la reforma que promete más recursos para las entidades territoriales. Sin embargo, el documento dice que “la imposibilidad fiscal de garantizar un monto superior al promedio de los últimos 15 años... desfinanciaría distintos programas del país”, lo que provocó fricciones entre las dos carteras.

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) es contundente en sus declaraciones, al afirmar que esta reforma podría llevar al colapso financiero del Estado.

Seis de ocho debates

Precisamente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por medio de X, se refirió y aseguró que el citado concepto es de hace meses, por lo que no tendría mucha validez. “Este concepto fue del 31 de mayo de 2024, antes de darle el trámite del cuarto debate al proyecto de acto legislativo. Hoy en día el proyecto avanza en su sexto de ocho debates”, dijo en primer lugar.

Luego, anotó que en varias mesas técnicas de trabajo con los ministros de Salud (Guillermo Jaramillo), Hacienda (Ricardo Bonilla), Educación (Daniel Rojas Medellín), Vivienda (Helga Rivas) y DNP (Alexander López Maya) se han viabilizado las condiciones para que el proyecto avance con el apoyo del Gobierno nacional.

Finalizó al decir que “la iniciativa es parlamentaria y por norma no requiere el aval del Gobierno nacional”. Además, que “estamos convencidos que con este tipo de proyectos se fortalece la autonomía territorial que es el camino para mejorar las condiciones sociales y económicas de las regiones del país”.

Sin embargo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, por la misma red social, salió al cruce de lo dicho por Cristo.

Para contradecirlo, respondió que la pregunta que se debe hacer es si el proyecto de ley avanza con o sin aval de Hacienda: “Esta es la pregunta y el punto crucial, dada la tremenda repercusión fiscal que este acto legislativo tiene en las finanzas públicas del país, que no se debe ni se puede tramitar a contrapelo de Hacienda, como es obvio, así sea de origen parlamentario”.

Recordó Restrepo que Hacienda ya se pronunció en el cuarto debate y dijo que no daba el aval.

“Ante una solicitud del senador Ávila (Ariel) - ponente del acto legislativo - MinHacienda dio respuesta negativa. El hecho de que el acto legislativo haya pasado a sexto debate no sanea posición anterior que ya dio hacienda. En esto tan delicado el Gobierno no debería jugar a la ambigüedad”, insistió el exfuncionario.

Juan Camilo Restrepo finalizó al advertir que “las finanzas públicas futuras del país están en juego”.