Álvaro Uribe reafirmó que Diego Cadena no buscó testigos falsos en su defensa: “Yo lo mandé, simplemente, como abogado”

El expresidente Álvaro Uribe continúa defendiendo su postura en medio del juicio que enfrenta por presunta manipulación de testigos. De esta manera, antes de que la audiencia preparatoria del 8 de octubre fuera aplazada, el líder natural del Centro Democrático reafirmó su versión sobre el papel desempeñado por su abogado Diego Cadena, que, según él, actuó como “abogado investigador” y no como intermediario para la compra de testigos.

Este punto fue crucial en la intervención que Uribe hizo ante la jueza 44 penal de Bogotá, cuando se discutían las pruebas aportadas por la Fiscalía, incluyendo interceptaciones telefónicas controvertidas.

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En la audiencia, la fiscal Marlenne Orjuela presentó sus argumentos para que las interceptaciones al expresidente fueran aceptadas en el juicio, y solicitó a la jueza rechazar las solicitudes de la defensa de excluir estas pruebas. La fiscal argumentó que “las interceptaciones telefónicas al acusado Álvaro Uribe no pueden ser catalogadas como ilegales o ilícitas”, añadiendo que la defensa alega falsedad ideológica en el informe de la Corte Suprema, pero que “la Corte actuó conforme a la ley”.

La intervención de Uribe, minutos antes de que la audiencia fuera aplazada, fue decisiva para aclarar su posición respecto a las pruebas y al rol de Cadena. El expresidente señaló que su preocupación central es que “por respeto y por temor a la Corte Suprema de Justicia”, no se permita cuestionar las conclusiones previas de dicho tribunal en el juicio actual.

En cuanto al rol de Diego Cadena, Uribe fue enfático en que este no fue enviado a buscar testigos falsos, como persiste la Fiscalía, sino que actuó como investigador en la verificación de información que, según el expresidente, recibió sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve.

“Yo no mandé a Diego Cadena a buscar testigos falsos o a comprarlos contra el doctor Iván Cepeda. Yo lo mandé, simplemente, como abogado investigador en mi defensa, a verificar las informaciones que a mí me llegaban. Es una lástima lo que ha pasado con mis pruebas porque, y es lo que estamos defendiendo en nuestra tutela, es que yo también podía pedir pruebas”, indicó Uribe Vélez durante su intervención autorizada por la juez.

Esta versión es clave, ya que apunta a que Cadena actuó bajo las directrices de su rol como defensor y no para obstruir el proceso o fabricar pruebas falsas, como lo han sugerido las acusaciones. Según Uribe, fue en 2018 cuando supo que Monsalve, que lo implicaba en actividades delictivas, supuestamente habría mentido, y esa fue la razón por la cual el abogado entró en escena.

“Si el doctor Cadena, como abogado investigador, no hubiera estado en una actividad de defender mi reputación, pues yo lo habría contratado a él o a otro de 2011, cuando Monsalve me acusó, sin embargo, nada dije hasta el 2018″, agregó el expresidente.

Interceptaciones: eje del debate legal en el juicio contra el expresidente

El centro de la disputa legal, además del papel del abogado Cadena, es la legalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Uribe, lo que llevó a la defensa a solicitar su exclusión del juicio.

El abogado defensor Jaime Granados argumentó que las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema en 2018 fueron irregulares, dado que la orden original no iba dirigida a Uribe, sino a otra persona, específicamente Nilton Córdoba. El jurista afirmó que las pruebas recogidas en esas interceptaciones no deben considerarse válidas para este juicio, ya que habrían violado la privacidad de las conversaciones entre cliente y abogado, un principio protegido por la ley.

“No es cierto que se hubiese derivado, como lo dice falsamente los informes de policía judicial de 2018, que como había comunicación entre dos abogados había que hacerlo”, expresó Granados, al hacer referencia a los informes de la Policía Judicial que sirvieron como base para justificar las interceptaciones a Uribe.

El procurador Bladimir Cuadro también pidió la exclusión de 28 interceptaciones telefónicas, entre las cuales se encuentran las conversaciones entre Uribe y Cadena, al señalar que estas se dieron en medio de la confidencialidad cliente-abogado. La defensa insistió en que estas conversaciones no deben utilizarse como evidencia en el juicio, en tanto que constituyen una violación a los derechos fundamentales del exmandatario.

Por otro lado, Granados también solicitó que se excluyan los testimonios de los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, bajo el argumento de que sus declaraciones solo deberían considerarse válidas si se presentan de manera directa ante el despacho judicial y si se garantiza el descubrimiento completo de las pruebas relacionadas.

Esta será la fecha de la próxima audiencia

Tras la intervención del expresidente y los alegatos de las partes, la jueza decidió suspender la diligencia, programando su reanudación para el miércoles 16 de octubre. Ese día se espera que la jueza se pronuncie sobre la aceptación o rechazo de las pruebas, lo que marcará un punto crucial en el desarrollo del juicio contra Álvaro Uribe.

La resolución sobre la validez de las interceptaciones y los testimonios será determinante para el curso del proceso judicial y la defensa del exmandatario, que mantiene que las acciones de su equipo legal fueron legítimas y que no incurrió en irregularidades en la búsqueda de testigos.