
Con varias modificaciones al primer texto, que fue radicado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se presentó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes una nueva ponencia de la reforma política; una de las banderas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere impulsar en lo que resta de su mandato, en medio del ambiente de polarización que se registra en el legislativo por cuenta de la forma en la que se han tramitado las proposiciones.
En este nuevo intento por sacar adelante la proposición, que se hundió en la primera legislatura, el Ejecutivo hizo algunos cambios sustanciales con el fin de obtener el respaldo de las mayorías en su paso por el cuerpo parlamentario. Y es que el primer intento de sacar adelante la reforma, sin duda, causó grandes inconformidades; en especial cuando se abordó el tema de las listas cerradas para los partidos, en una idea que intentó sacar sin éxito el exsenador Roy Barrera.
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Aunque este tema, el de implementar listas cerradas en las elecciones, continúa como una de las propuestas para ser estudiada, con el argumento de que se mejore con ello el proceso electoral colombiano, se espera cómo avanzará este postulado, frente a la necesidad de ofrecer mayor claridad de cómo serían los procesos de escogencia internos y las fuentes de financiación de los mismos, en caso de que se apruebe la conformación de candidaturas bloqueadas.

Elección de los magistrados del CNE, uno de los temas clave
Uno de los aspectos que se detallan en el nuevo proyecto es que se mantuvo, según reveló W Radio, que el Congreso en pleno seguirá teniendo la responsabilidad de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero esto se hará a través de una convocatoria pública; similar a la utilizada para elegir al contralor General, que estipula un cronograma y una plenaria conjunta para su escogencia, previo análisis de su hoja de vida.
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En la redacción estuvo el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, y se conoce justo en medio de la controversia que causó la decisión de los magistrados del órgano electoral de investigar la campaña del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, y de imputarle cargos tanto a él como a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por la presunta violación de topes electorales en la aspiración del 2022, por más de $5.355 millones.

Entre los ponentes coordinadores, además de Landinez, se destacan los representantes Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal; Jorge Eliécer Tamayo, del partido de Unión por la gente, la U, y el conservador Juan Carlos Wills. Es ese, el artículo 264 de la Constitución Política, el que genera mayor interés por el contexto actual que involucra al primer mandatario y su enfrentamiento mediático con algunos de los togados del CNE.
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En cuanto a la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, la reforma elimina la sección controvertida que permitía a estos conservan sus derechos sin necesidad de alcanzar, en los próximos cuatro años, el mínimo de votos estipulado para tal fin. Este, sin duda, es uno de los puntos que había generado fuertes protestas, pues se pretendía beneficiar a colectividades como Comunes, que en el 2026 tendrá que pelear sus curules en el legislativo en las urnas.
En consecuencia, se requerirá de al menos el 3% del censo electoral para acceder al reconocimiento de los organismos electorales. De esta manera, el debate en torno a este proyecto ha adquirido importancia en la agenda legislativa, pues mientras algunos celebran las propuestas como un avance hacia un sistema electoral más justo y transparente, otros críticos las ven como insuficientes o incluso como un intento de asegurar el poder para ciertos partidos políticos.
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