
Gustavo Petro denunció que en Colombia se está gestando un “golpe de Estado”, una declaración que ha generado un intenso debate en el ámbito político del país. Esta afirmación surge tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación formal contra el presidente para determinar si hubo una presunta financiación irregular en su campaña de 2022. De acuerdo con el CNE, esta investigación busca esclarecer las fuentes de financiamiento que podrían haber influido en el proceso electoral.
Ingrid Betancourt, quefue candidata presidencial en 2022 por la coalición Centro Esperanza, expresó su opinión sobre esta situación. Betancourt considera que la decisión del CNE representa un “rescate del poder” y criticó las acciones de Petro, sugiriendo que el presidente estaría “secuestrando al pueblo” con sus métodos de gobierno.
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“Ha comenzado el rescate del Estado. Llegar al poder, violando la ley, es secuestrar al pueblo”, expresó textualmente la excandidata presidencial a través de su cuenta en X. Estas declaraciones reflejan la tensión política que se vive en el país, donde las acusaciones y defensas se cruzan en un escenario de incertidumbre.
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Por su parte, el presidente de la República reaccionó enérgicamente a la decisión del CNE, instando a la ciudadanía a movilizarse. Gustavo Petro manifestó que no deseaba que la situación llegara a este punto, pero que es necesario defender el derecho democrático de los colombianos. En sus palabras: “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron, se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado”, dejando claro su rechazo a lo que considera una burla al voto popular.
La investigación del CNE y las reacciones de figuras políticas como Betancourt y Petro ponen de manifiesto las divisiones y desafíos que enfrenta Colombia en su panorama político actual. La situación sigue desarrollándose, con implicaciones potenciales para la estabilidad democrática del país.
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Ingrid Betancourt rechaza a alias Gafas como gestor de paz en Colombia
En otro contexto, Betancourt, expresó su rechazo a la designación de Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, como gestor de paz en los diálogos que el gobierno del presidente Petro mantiene con las disidencias. La política colombo-francesa, que fue secuestrada por las extintas Farc durante más de siete años, considera que esta decisión es un golpe a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La polémica surge porque alias Gafas fue uno de los carceleros de Betancourt durante su cautiverio. Según la ex candidata, Farfán Suárez fue condenado a 19 años de prisión por su participación en su secuestro, de los cuales cumplió solo nueve antes de reincidir en actividades delictivas y de narcotráfico. Tras ser capturado nuevamente, fue liberado para actuar como facilitador en los procesos de paz del actual gobierno, lo que ha generado críticas y controversia.
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Betancourt fue enfática en su crítica, afirmando que la liberación de Farfán Suárez como gestor de paz es comparable a otras acciones del Gobierno que, según ella, menosprecian a las víctimas y favorecen la instauración de un “narco-estado”. Esta declaración se suma a su crítica sobre un evento reciente en Córdoba, donde Petro estuvo acompañado por el narcoparamilitar condenado Salvatore Mancuso.
La designación de alias Gafas ha sido vista por Betancourt como una afrenta a las víctimas del conflicto, quienes han sufrido las consecuencias de la violencia y el secuestro. La ex candidata ha manifestado que la ideología de Farfán Suárez está marcada por su inclinación hacia el mal, lo que, en su opinión, lo descalifica para desempeñar un papel en los procesos de paz.
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