Este es el proyecto de ley que prepara el Gaula para ponerles freno a las extorsiones telefónicas: ya no se podrían comprar sim cards

Pese a que las cifras de secuestro y extorsión en Colombia se han reducido durante el 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, desde el Gaula de la Policía ya se cocina una nueva iniciativa que podría poner fin a la venta libre de sim cards en el país.

De hecho, así lo confirmó el coronel Élver Vicente Alfonso, comandante de la dependencia en todo el territorio nacional, en una reciente entrevista otorgada al diario El Espectador.

Según indicó, desde ya están trabajando para radicar un nuevo proyecto que permitía hacer mayor seguimiento a los compradores de telefonía y así identificar a quienes están detrás de los números que, mayoritariamente, terminan en las cárceles del país para formar sus propios call centers de estafas.

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“Vamos a tener una buena noticia para los colombianos. En un alto porcentaje, la extorsión se dinamiza a través de los dispositivos electrónicos. Lo que se quiere aquí es que aquella línea telefónica, aquel abonado que usted compra, tenga una trazabilidad. Algo muy parecido a la placa de un vehículo”, indicó el coronel al medio citado.

Según los análisis del proyecto, ahora los compradores de sim cards, independientemente de si acceden a un plan prepago o pospago, deberán registrar sus datos personales para hacer uso de la línea telefónica.

Además se trabaja con el Gobierno nacional para darle facultades a la Policía para hacer un seguimiento de las llamadas y mensajes que se emiten desde esos números.

“Este es uno de los pocos países en el mundo en donde no está regulada la venta de Sim Cards. En cualquier esquina le venden a uno cincuenta o cien y no se tiene un control”, comentó el coronel Alfonso a El Espectador.

Este control permitiría reducir el uso indebido de las comunicaciones en actividades delictivas. Además, se está considerando la compra de inhibidores de señal para las cárceles, replicando estrategias exitosas ya implementadas en países como México. La eficacia de estos dispositivos fue cuestionada por la Procuraduría a inicios del año, cuando denunció que solo funcionaban dos de los 22 instalados en todo el territorio nacional.

Para lograrlo, el comandante del Gaula reveló que ya se está adelantando una mesa de trabajo con el Ministerio de Defensa, el de Justicia y el de las TIC para adquirir los dispositivos que, finalmente, controlen las llamadas que salen desde las prisiones nacionales.

“Hoy tenemos un incremento en la denuncia del 17 %. Lo que queremos es que los recursos de los ciudadanos no lleguen a las arcas de estos actores criminales. Llevamos recuperados más de $134.000 millones que no les han llegado, y que no han afectado el patrimonio económico de los colombianos. Recuerden comunicarse a la línea 165, y no olviden nuestro lema: ‘Yo no pago, yo denuncio’”, señaló el comandante al diario nacional.

En lo que va del año, el Gaula ha recibido 8.615 denuncias por extorsión. Una nueva modalidad que ha aumentado es el “falso servicio”, que ya cuenta con 413 denuncias, especialmente en Antioquia y Cundinamarca. La nueva estrategia de los delincuentes incluiría el llamado a empresas de servicios para solicitar pedidos falsos y, una vez se encuentra el operador en el lugar, lo retienen para exigir grandes sumas de dinero.

Por su parte, el coronel Élver Vicente Alfonso también indicó que se encuentran trabajando en nuevas estrategias para contrarrestar los secuestros extorsivos que, hasta la fecha, ya ha identificado 137 casos, una disminución del 29 % en comparación con el año anterior, lo que indica 59 casos menos.

“El 51 % de ellos no superan las 24 horas”, señaló el coronel Alfonso a El Espectador, explicando que estos secuestros rápidos son generalmente atribuidos a grupos de delincuencia común, como el conocido “paseo millonario” en Bogotá.

Respecto a esto, el coronel Alfonso comentó al diario que “solo en el último año identificamos a 12 víctimas en la capital”. Los autores detrás de los secuestros que superan las 24 horas tienen relaciones con grupos armados como el Estado Mayor Central, el ELN, y el Clan del Golfo.