
Una nueva polémica sacude a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y su director, Luis Eduardo Llinás Chica, tras la recepción de una queja disciplinaria anónima en la Procuraduría General de la Nación, en la que se pide investigar a Llinás por el presunto mal manejo de información reservada.
El documento llegó directamente al escritorio de la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, y solicitó que el Ministerio Público inicie una investigación exhaustiva sobre el caso.
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La queja, de ocho páginas, detalla que Llinás Chica habría entregado información ultrasecreta al presidente de la República, Gustavo Petro, violando así el carácter reservado del archivo. Según la misiva, la información estaba relacionada con la adquisición del software espía Pegasus, lo que habría llevado a la suspensión de Colombia del Grupo Egmont, una red internacional de unidades de inteligencia financiera.
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Suspensión provisional solicitada
El quejoso, cuyo nombre permanece en el anonimato, también solicita en el documento que Llinás sea apartado de su cargo de manera provisional mientras se lleva a cabo la investigación disciplinaria. “Se solicita la suspensión provisional de manera inmediata del señor Llinás Chica porque puede interferir en la investigación disciplinaria y porque hay serios indicios de reincidencia en el uso incorrecto de la información de carácter reservado, tal como lo establece el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019″, se lee en el documento.

El texto también sugiere que Llinás habría violado procedimientos legales del Código Único Disciplinario al compartir con el presidente Petro un documento reservado que, de acuerdo con las normas colombianas, debía ser entregado únicamente a la Fiscalía General de la Nación.
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El incidente que desencadenó la polémica ocurrió el pasado 4 de septiembre de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro leyó en televisión una carta enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel (IMPA) a la UIAF. Según la denuncia, el contenido de la carta era de carácter reservado y la lectura pública del documento podría haber comprometido las relaciones internacionales de Colombia.
Además, el escrito subraya que el documento en cuestión podría ser clasificado como “ultrasecreto” bajo las normas colombianas, dado que tiene la capacidad de afectar gravemente las relaciones internacionales del país y el bienestar de la nación. “La lectura pública de dicho documento causó la suspensión de Colombia del Grupo Egmont, que es la red de unidades de inteligencia financiera del mundo que lucha contra el crimen organizado”, señala el documento.
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El denunciante también sugiere que el director de la UIAF habría “inducido al error” al presidente Petro, permitiendo que este usara políticamente la información reservada sin conocer su verdadera naturaleza. “(...) Usó políticamente y públicamente un documento que no tenía esa función. El documento entregado por LUIS Eduardo Lilinás a Gustavo Petro no podía ser dado a la mano”, se destaca en la carta.
El presidente Petro, por su parte, se ha pronunciado públicamente respecto a este asunto. El viernes 4 de octubre utilizó su cuenta en la red social X para denunciar que existe un plan para “acabar” con su mandato. Petro afirmó que las investigaciones en contra del director de la UIAF forman parte de una estrategia más amplia para desestabilizar su Gobierno.
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“Esta es toda una intención de acabar con la figura presidencial en Colombia. ¿A qué presidente de Colombia habían fallado en desacato?, ¿ A cuál (...) le habían quitado su competencia constitucional en servicios públicos? ¿A cuál (...) intentan impedirle que sus subalternos entreguen los informes que ponen en peligro la seguridad nacional y los Derechos Humanos de los colombianos?”, escribió el mandatario.

Además, el presidente ha denunciado en diversas ocasiones que un “grupo poderoso” pretende derrocar su gobierno debido a las reformas y políticas públicas que ha implementado. Petro incluso ha señalado la existencia de un posible “golpe de Estado” en su contra, lo que ha generado un clima de incertidumbre política en el país.
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Por ahora, la Procuraduría General de la Nación deberá evaluar el contenido de la queja y decidir si procede con la investigación solicitada en contra de Luis Eduardo Llinás Chica. El resultado de esta investigación podría tener repercusiones no solo para la UIAF, sino también para las relaciones internacionales de Colombia y la estabilidad política del Gobierno de Gustavo Petro.
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