Controversia por cámaras de fotomultas en Bogotá: ¿reducen accidentes o son un negocio lucrativo?

Los cuestionamientos sobre el funcionamiento de las cámaras de fotomultas continúan surgiendo desde el Concejo de Bogotá hacia la Secretaría Distrital de Movilidad. La discusión se centró en si realmente estas cámaras estaban contribuyendo a reducir la siniestralidad vial en la capital, o si, por el contrario, se habían convertido en una fuente de ingresos para el Distrito. Durante un reciente debate de control político, el concejal Humberto ‘Papo’ Amín presentó sus preocupaciones, argumentando que, a su juicio, las cámaras de fotocomparendos no estaban logrando salvar vidas en Bogotá.

El cabildante expuso varios puntos que evidenciaban irregularidades en los procedimientos de la Secretaría de Movilidad relacionados con la imposición de sanciones. A lo largo de su intervención, Amín reveló estadísticas alarmantes que indicaban un aumento en los siniestros viales en las zonas donde se habían instalado las cámaras de fotodetección.

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En lugar de observar una disminución de los accidentes, los datos mostraban una tendencia creciente. Además, se destacaron cifras preocupantes sobre la cantidad de comparendos impuestos: 1.867.854 en total, de los cuales 1.749.649, es decir, un 94%, correspondieron a infracciones por exceso de velocidad (C29).

Durante el debate sobre el funcionamiento de las cámaras de fotocomparendo en Bogotá, la concejal Diana Diago destacó con firmeza que estas cámaras se habían convertido en un “negocio” más que en una herramienta destinada a la seguridad vial. En sus declaraciones, Diago señaló que, a su juicio, la situación representaba una fuente significativa de ingresos para la administración y una oportunidad de negocio para los concesionarios.

“Esto se convirtió en una fuente de ingreso significativa para la administración y un gran negocio para los concesionarios. Aquí la utilidad no es salvar vidas, aquí es métale la mano al bolsillo de los bogotanos”, expresó con preocupación.

Su intervención dejó en evidencia la falta de resultados positivos en términos de seguridad, señalando que, en lugar de salvar vidas, el sistema se centraba en la recaudación de multas. “Acá vemos que no se están salvando vidas, pero sí están recaudando, y el ciudadano pague y pague. Es el nuevo ingreso corriente de Bogotá”, añadió Diago, enfatizando el impacto económico que esto tenía en los ciudadanos.

El debate se intensificó con la llegada de un derecho de petición presentado por el concejal Emel Rojas, perteneciente a Nueva Fuerza Democrática. Este documento reveló datos sobre las velocidades a las que más se imponen los fotocomparendos por exceso de velocidad en la capital. Según Rojas, las respuestas que obtenga de la Secretaría de Movilidad podrían corroborar aún más los cuestionamientos sobre la efectividad de las cámaras.

“Las respuestas de la Secretaría de Movilidad podrían reforzar los cuestionamientos de que las cámaras salvavidas, en vez de salvar vidas, en realidad estarían siendo una fuente de ingreso para la ciudad”, indicó Rojas.

A través del derecho de petición del concejal Emel Rojas, se revelaron datos significativos sobre la imposición de comparendos por exceso de velocidad en Bogotá. Según los informes, la velocidad más registrada para infracciones se encontraba entre 56 y 60 kilómetros por hora (km/h). A lo largo de los años, las cifras mostraron un alarmante aumento: en 2021 se impusieron 51.033 comparendos; en 2022, 202.216; en 2023, 348.575; y hasta agosto de 2024, 211.216, sumando un total de 813.040.

Las respuestas de la Secretaría Distrital de Movilidad indicaron que, desde 2021 hasta 2024, se habían impuesto 1.653.292 comparendos, con cerca del 49% en el rango de 56 a 60 km/h. Rojas destacó que, en agosto, se registraron 26.758 infracciones en este rango, mientras que en velocidades superiores, la cifra disminuyó notablemente: a 9.636 de 60 a 65 km/h, y a 4.562 de 65 a 70 km/h. Además, los comparendos se redujeron drásticamente a 1.850 entre 70 y 75 km/h, y a solo 792 para quienes excedían los 75 km/h.

Rojas concluyó que esto sugiere que las cámaras salvavidas podrían no tener la capacidad tecnológica necesaria para detectar a los conductores que superan los 65 km/h. “Esto implica que las cámaras no cuentan con la potencia o nitidez suficiente para captar a quienes van más rápido”, afirmó. Este análisis generó un debate sobre la efectividad de las cámaras en términos de seguridad vial y su papel en la recaudación de multas.