El general en retiro del Ejército Nacional Juan Salcedo Lora ha sido citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir versión libre en el marco de la investigación sobre el secuestro, tortura y desaparición forzada de tres mamos arhuacos a finales de los años noventa.
La JEP está investigando crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios indígenas en el subcaso arhuaco, parte del caso 09, que incluye la masacre contra los tres líderes indígenas identificados como Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, además de la detención y tortura de los hermanos José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, miembros de la comunidad indígena arhuaca, ocurridos en la misma época, según información revelada por la revista Cambio.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP decidió citar a Salcedo Lora y a otro general en retiro, Rafael Mejía Roa, después de que sus nombres surgieran en otros testimonios de militares involucrados en los presuntos crímenes. En 1990, Salcedo Lora era el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, mientras que Mejía Roa era el comandante de Operaciones (S-3) del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar.
La decisión de la JEP estableció que puede llamar a versión voluntaria a personas no sometidas a su jurisdicción si se considera necesario para esclarecer la verdad y garantizar los derechos de las víctimas. Esa justicia especial destacó que este llamado contribuye a la búsqueda de la verdad plena y detallada y constituye una garantía del derecho al buen nombre y al debido proceso de quienes han sido mencionados en informes o versiones recibidas.
“Se debe entender que el llamado a rendir versión voluntaria contribuye a la búsqueda de la verdad plena y detallada en favor de la realización de los derechos de las víctimas, pero también constituye una garantía del derecho al buen nombre, conforme el literal g) del artículo 1º de la Ley 1922 de 2018 y al debido proceso de quienes han sido comprometidos en informes o en versiones recibidas por la Sala”, se lee en el auto revelado por el medio mencionado.
El documento detalla que, tras analizar los informes de las víctimas, el expediente de la justicia ordinaria y las versiones voluntarias de otros militares y paramilitares, se ha establecido que unidades del Ejército Nacional allanaron y registraron la vivienda de los hermanos Villafañe Chaparro, quienes luego fueron llevados al Batallón de Artillería No. 2 La Popa en Valledupar, donde fueron interrogados y torturados durante varios días.
Los nombres del general Juan Salcedo Lora y el del mayor Rafael Mejía Roa han sido mencionados en relación con estos hechos. Por este caso, la Sala tomó la versión voluntaria del teniente coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo, excomandante del Batallón La Popa, y del capitán en retiro Pedro Antonio Fernández Ocampo, exjefe de inteligencia del mismo batallón, el 19 de abril de 2024.
El 3 de mayo de 2024, se tomó el testimonio del excomandante paramilitar José del Carmen Gelves Albarracín, alias el Canoso, y de Reinaldo Malaver Durán y José Eduardo Mattos Liñán. Además, el 26 de julio de este año, la Sala escuchó al sargento Cosme García Camacho, al subteniente Hernán Carrera Sanabria y al cabo Daniel Rivera Rincón, antiguos miembros del Batallón La Popa de Valledupar; y el 29 de julio de 2024, se tomó el testimonio de Luis Alberto Restrepo Gutiérrez.
En sus declaraciones, los uniformados aseguraron que los dos generales en cuestión tuvieron alguna relación con las detenciones ilegales y posteriores torturas que, finalmente, dieron con la muerte de los dos hermanos y un mamo arhuaco más:
La JEP ha dispuesto que Juan Salcedo Lora y Rafael Mejía Roa tengan acceso a copias de los expedientes adelantados por la Procuraduría y la Fiscalía en este caso, así como de los informes allegados a la JEP y de las versiones voluntarias mencionadas, realizadas en el resguardo Ikarwa de Valledupar.
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