En acto vandálico en vía que conecta Antioquia con Chocó, encapuchados incineraron bus intermunicipal

En las últimas horas se confirmó que, en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato, encapuchados incineraron un bus en plena vía que conecta a las ciudades de Medellín y Quibdó. Hasta el momento se sabe que quienes viajaban en el vehículo son estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, pero que no resultaron heridos.

En una fotografía compartida por Blu Antioquia se evidencia la pérdida total del autobus cuyas llamas iluminan el entorno, aún de noche.

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Los delincuentes aprovecharon que los pasajeros habían bajado del bus, perteneciente a la empresa Rápido Ochoa, para cenar algo en el restaurante El Seis. Luego de ser intimidados por varios encapuchados, los jóvenes vieron a un hombre subirse al bus para rociar gasolina y prenderle fuego.

“Bajaron como a cenar o comer algo y llegaron ahí a intimidar la gente y se montó un delincuente, le echó gasolina y quemó el bus”, señaló en Blu Radio el alcalde chocoano Jaime Arturo Herrera.

De momento no hay pistas sobre quienes fueron los autores del acto vandálico, pues en esa zona operan varios grupos armados.

Tasa de homicidios en Quibdó supera cinco veces la media nacional

Más de 40.000 personas de Quibdó, la capital del departamento del Chocó en Colombia, están enfrentando serias restricciones a su libertad de movimiento, impuestas por grupos armados no estatales bajo la forma de toques de queda, según informó el Equipo Humanitario País, compuesto por agencias de la ONU y otras ONG internacionales.

Quibdó figura como el tercer municipio con la mayor tasa de homicidios en Colombia, superando en cinco veces la tasa nacional media de homicidios por cada cien mil habitantes. Con corte al 17 de septiembre, la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 14 y 25 años, reveló el Equipo Humanitario País.

El conflicto en la capital chocoana ha escalado debido a las disputas entre bandas delincuenciales y el Clan del Golfo, información confirmada por el Gobierno nacional. Estos enfrentamientos buscan el control territorial y han aumentado las amenazas y estigmatización de los habitantes, quienes en muchos casos enfrentan violencias basadas en género y violencia sexual.

Cifras preocupantes en la región

La situación de este sector del país ha generado temor entre los residentes, quienes limitan sus actividades y desplazamientos en franjas horarias, de acuerdo con la documentación del Equipo Humanitario País:

“El EHP ha documentado restricciones al derecho a la libertad de movimiento afectando a más de 40.000 personas debido a toques de queda impuestos por los actores armados no estatales en horarios comprendidos entre las seis de la tarde (6:00 p. m.) hasta las cinco de la mañana (5:00 a. m.) en los barrios de la zona norte y sur de la ciudad. Esta situación ha desencadenado temor generalizado, lo que conlleva a que gran parte de la población urbana restrinja su movilidad en estos horarios ante el temor de ser víctimas de ataques con artefactos explosivos y/o extorsiones financieras perpetradas por los actores armados no estatales”.

Entre las consecuencias más graves se encuentra el impacto negativo en la salud mental de la población, así como un incremento en el riesgo de reclutamiento y utilización de menores de 18 años por parte de los actores armados. “Asimismo, se ha incrementado el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años. La población civil también afronta estigmatización y en algunos casos, amenazas directas por presunción de vínculos con algún actor involucrado en el conflicto. Dichos riesgos también se han extendido a personas defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de homicidios”, señala el comunicado emitido por la organización.

Las agencias de la ONU alertan, además de la crisis humanitaria, sobre el peligro para los defensores de derechos humanos en la región, quienes han sido objeto de amenazas y homicidios. Esta dinámica ha llevado a un estado de vulnerabilidad y crisis continua, dificultando la provisión de servicios básicos y protección para la población.