Asesinato de Miguel Castellanos desató rechazo de autoridades y políticos: piden justicia y que no haya impunidad

El asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad, generó rechazo entre autoridades nacionales y territoriales, organismos de control, dirigentes políticos y organizaciones. Los pronunciamientos coincidieron en exigir una investigación que permita identificar a los responsables y evitar que el crimen quede en la impunidad.

El homicidio ocurrió el lunes 26 de octubre de 2026, en Cúcuta, Norte de Santander. Según la información preliminar entregada por George Quintero, secretario de Seguridad de la Gobernación departamental, a Caracol Radio, Castellanos se movilizaba en una camioneta blindada cuando una motocicleta habría golpeado el vehículo. Al descender para revisar lo sucedido, el exfuncionario habría recibido varios disparos del motociclista.

Quintero indicó que Castellanos estaba acompañado de su hija y que, aunque contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no estaba con sus escoltas en ese momento. También aseguró que no tenía conocimiento de amenazas previas contra el exsecretario.

Tras el crimen, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las actuaciones para esclarecer los hechos. La información suministrada por las autoridades incluyó el anuncio de recompensas de hasta $50 millones por parte de la Gobernación y de hasta $100 millones en el marco de la articulación entre la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación y la Policía Nacional.

Gobierno nacional y autoridades territoriales condenaron el homicidio

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el asesinato y aseguró que dio instrucciones a la Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, identifique, ubique y capture a los responsables.

“¡El asesinato de Miguel Castellanos no puede quedar impune!”, expresó el mandatario, quien aseguró que el Estado utilizará sus capacidades para llevar a los responsables ante la justicia. También envió sus condolencias a la familia de la víctima.

El ministro de Defensa condenó el crimen y pidió a la Policía y a la Fiscalía utilizar toda su capacidad investigativa para identificar y capturar a los implicados. “Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y tendrán que responder ante la justicia”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, lamentó la muerte del exfuncionario y expresó su solidaridad con su esposa, sus hijos y sus hermanos, Jairo Alberto Castellanos Serrano, exsenador, y Leandro Castellanos, concejal de Bogotá.

“Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen”, manifestó Villamizar.

El secretario de Seguridad departamental, George Quintero, confirmó la recompensa de hasta $50 millones y señaló que la Fiscalía ya se encontraba en el lugar de los hechos. También indicó que consultaría con la dirección de la UNP los detalles del esquema de protección de Castellanos.

La Alcaldía de Cúcuta expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del exsecretario, mientras que la administración municipal y la Gobernación participaron en la articulación de las medidas para obtener información que permita esclarecer el homicidio.

Carlos Fernando Galán, Claudia López y otros políticos pidieron justicia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el asesinato y pidió celeridad en las investigaciones. “Hacer política en este país no puede costar la vida”, escribió. También solicitó que los responsables reciban la máxima pena y envió un mensaje de solidaridad a Leandro y Jairo Castellanos.

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López también exigió justicia y seguridad. “El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Justicia a los culpables y seguridad para todos”, manifestó. Además, cuestionó las condiciones de seguridad y pidió que se cumplan los compromisos con Cúcuta, Norte de Santander y el país.

Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá, expresó su solidaridad con Leandro Castellanos y los demás familiares. “Los responsables tienen que ser capturados y pagar por lo que han hecho”, señaló.

Desde el Congreso, un senador condenó el homicidio, recordó que Castellanos era hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal Leandro Castellanos, y pidió esclarecer los hechos. “La violencia jamás será el camino”, expresó.

La representante a la Cámara por el Catatumbo Tatiana Gaona envió sus condolencias a la familia y manifestó: “Que la violencia no siga arrebatando vidas en nuestra región”. El representante Ariel Rodríguez, por su parte, solicitó una investigación pronta y rigurosa para llevar a los responsables ante la justicia.

El exprecandidato presidencial, David Luna también pidió resultados judiciales y afirmó que Cúcuta no soporta más asesinatos ni impunidad. En su pronunciamiento recordó el ataque armado ocurrido en febrero contra la camioneta del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca, en el que murieron dos escoltas, y pidió investigar el homicidio de Miguel Castellanos.

Procuraduría, Contraloría y Defensoría solicitaron resultados

La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach Pacheco, condenó el asesinato y pidió reforzar de inmediato las medidas de seguridad en Cúcuta. El organismo también solicitó celeridad para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.

“No podemos permitir que la violencia pretenda acallar la política en Colombia”, señaló el procurador, quien expresó su solidaridad con la familia de Castellanos, especialmente con sus hermanos Jairo y Leandro.

La Contraloría de Bogotá lamentó el homicidio y manifestó su apoyo al concejal Leandro Castellanos y a su familia. Además, pidió adelantar las investigaciones pertinentes para identificar a los autores.

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato y solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación pronta y rigurosa para establecer las circunstancias y los móviles del crimen, así como identificar y judicializar a los responsables.

La entidad advirtió sobre la persistencia de distintas formas de violencia en Cúcuta y Norte de Santander, por lo que pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales fortalecer las medidas de prevención, protección y seguridad.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) condenó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, la administración municipal y los habitantes de la ciudad. La organización también pidió a la Fiscalía esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Partido ASI y dirigentes regionales rechazaron el asesinato

El Partido Alianza Social Independiente (ASI), colectividad a la que pertenece el senador Jairo Castellanos, rechazó el homicidio y pidió que no quede en la impunidad.

La presidenta de la organización, Berenice Bedoya, exigió una investigación eficiente y expresó sus condolencias al senador, a los familiares y a los allegados de la víctima.

“Exigimos de las autoridades una pronta y eficiente investigación para que este crimen no quede en la impunidad”, afirmó.

La Alcaldía de Toledo, Norte de Santander, municipio del que era oriundo Castellanos, también lamentó su muerte. El alcalde Carlos Javier Prada Mogollón y la administración municipal enviaron sus condolencias a Jairo Castellanos y a los demás integrantes de la familia.

El club Independiente Santa Fe, equipo en el que Leandro Castellanos terminó su carrera como arquero profesional, se sumó a los mensajes de solidaridad. “Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano”, indicó la institución, que envió un saludo a sus familiares y allegados.

Indepaz recordó los riesgos para los liderazgos en Norte de Santander

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que Miguel Castellanos se desempeñó como secretario de Gobierno de Cúcuta hasta enero de 2026 y aspiraba a la Alcaldía de la ciudad.

Según la organización, el exfuncionario fue atacado con arma de fuego en una estación de servicio ubicada sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, donde falleció. Indepaz señaló que, con su asesinato, ascendió a 130 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026, de acuerdo con su registro.

El instituto recordó las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la persistencia de la violencia homicida en el área metropolitana de Cúcuta, donde el sicariato figura entre las modalidades utilizadas por actores armados y estructuras criminales. También mencionó la presencia de grupos como el Clan del Golfo, el ELN, el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio, Los Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales.

Entre los antecedentes de violencia en el sector, Indepaz citó el asesinato del líder Luis Alfonso Toro en julio de 2025 y una masacre ocurrida en septiembre de ese año en el barrio Nueva Ilusión, que dejó tres personas muertas. Estos hechos forman parte del contexto de seguridad regional, pero no establecen por sí mismos una relación con el homicidio de Castellanos.