Así es como el polémico contratista Emilio Tapia piensa conseguir un acuerdo con la Fiscalía por el caso Centros Poblados: devolverá el dinero

Emilio Tapia, uno de los principales implicados en el escándalo de Centros Poblados, conocido también como el caso MinTic y que consistió en la desaparición de unos 70.000 millones de pesos de un contrato firmado para dotar a las escuelas rurales del país, estaría próximo a conseguir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación que podría reducirle su pena.

La noticia se da a conocer apenas días después de la controversia generada por la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que confirmó la exoneración Karen Abudinen, exministra de las TIC, de cualquier responsabilidad en el desfalco millonario destinado a conectar 15.000 centros digitales en zonas rurales. La Procuraduría concluyó que Abudinen no participó en la estructuración del proyecto, ni en la elaboración de los pliegos, evaluación de ofertas o adjudicación de la licitación.

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Ahora, el polémico contratista intenta ganarse una nueva oportunidad con la justicia, proponiendo la devolución de 5.063 millones de pesos, según información conocida por la revista Cambio. Tapia, que manejó tres de las cuatro empresas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados, busca reducir su condena en la cárcel El Bosque de Barranquilla, donde se encuentra desde octubre de 2021.

El megacontratista, representado por la defensora pública Diana Muñoz, ha propuesto devolver la totalidad de los recursos que, según la Fiscalía, se apropiaron él y su socio Juan Carlos Cáceres. En una audiencia virtual realizada el 26 de septiembre, Tapia ofreció pagar en dos cuotas de 1.265 millones de pesos cada una, programadas para abril y octubre de 2025. Además, para garantizar estos pagos, propuso constituir una hipoteca sobre un inmueble en Girardot y ofrecer derechos fiduciarios de un edificio en el norte de Bogotá.

La audiencia contó con la presencia del juez penal del circuito, el fiscal del caso, abogados de las víctimas (Ministerio de las TIC, Fondo Nacional de Garantías y Banco Itaú), y representantes de la Procuraduría y la Contraloría General de la República. La Fiscalía informó que Tapia ya ha pagado la mitad de su compromiso, 2.531 millones de pesos, en ocho consignaciones realizadas entre julio y septiembre de este año.

En febrero de 2022, la Fiscalía imputó cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación a varios responsables del caso Centros Poblados. De hecho, se estableció que se desviaron 15.242 millones de pesos, utilizados para comprar apartamentos, vehículos, pagar honorarios y préstamos bancarios, y adquirir obras de arte. Parte de estos fondos también se usaron para pagar pólizas falsas presentadas al MinTIC.

Sin embargo, aunque el robo inicial se calculó en 70.000 millones de pesos, el ente acusador aclaró que el megacontratista y sus socios no se apoderaron de todo el dinero, pues los equipos sí fueron adquiridos por la unión temporal, a pesar de que nunca llegaron a las escuelas rurales del país y quedaron guardados en una bodega.

Por su parte, la decisión de la Procuraduría de exonerar a Abudinen ha sido polémica. Aunque ella ha insistido en que fue engañada y tomó acciones para proteger el dinero, Tapia la denunció en octubre de 2022 por varios delitos, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Según Tapia, Abudinen pidió una comisión del 7% para entregarles el contrato de escuelas digitales, aunque la oferta de Tapia y Cáceres solo llegó al 4%, por lo que no se materializó el presunto pago de la coima.

El avance del preacuerdo con Tapia podría reactivar esta denuncia, que ha estado inactiva en la Fiscalía. La próxima audiencia está programada para el 17 de octubre, seguida de otra en diciembre, donde se decidirá si se aprueba el acuerdo con Tapia, lo que podría reducir su pena.