Corte ratificó la condena de los exministros de Álvaro Uribe, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, por el escándalo Yidispolítica

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años de prisión para los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt por su participación en el escándalo conocido como ‘Yidispolítica’.

Este caso se refiere a los ofrecimientos realizados para influir en el voto de congresistas en favor de la reelección presidencial en 2004.

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La sentencia también se mantiene firme para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Alberto Velásquez Echeverri.

Los exministros habían apelado el fallo de abril de 2015, que los condenó por ofrecer prebendas a los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño para asegurar sus votos en el debate final del proyecto de reelección presidencial.

La Sala Penal de la Corte Suprema consideró que las declaraciones de Yidis Medina, quien fue la primera condenada por estos hechos, junto con otros indicios, demostraron que los acusados actuaron de manera coordinada y con una división de trabajo clara.

“(...) acreditan que los tres acusados, por virtud de la mediación de un acuerdo, actuaron de consuno, con división de trabajo y que el aporte de cada uno fue significativo en orden a la obtención del ingrediente subjetivo, tanto que fue solo de esa manera que se logró que por la acción y omisión respectivas de los dos congresistas, el proyecto de acto legislativo siguiera su curso”, se lee en el fallo de la Corte.

Según la Corte, los exministros Pretelt de la Vega y Palacio Betancourt tuvieron el control de los hechos, ya que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir a los congresistas Medina y Avendaño mediante el ofrecimiento de prebendas. Este accionar fue crucial para que el proyecto de acto legislativo siguiera su curso.

El fallo asegura que la mediación de un acuerdo entre los acusados fue significativa para lograr el objetivo de influir en los votos de los congresistas. La Corte Suprema destacó que solo a través de esta acción coordinada se pudo obtener el resultado deseado, lo que permitió que el proyecto de reelección presidencial avanzara.

“La Sala consideró que la declaración de Yidis Medina y todos los hechos que sirvieron a manera de indicios, (...) Igualmente señaló que los exfuncionarios tuvieron el dominio del hecho “en la medida en que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño para que a través del ofrecimiento de prebendas burocráticas se lograra que, con su voto o abstenerse de emitirlo, el proyecto de reelección siguiera su curso, como en efecto sucedió”, se lee en el documento.

Yidispolítica

En Colombia, el escándalo conocido como Yidispolítica marcó un hito en la historia política del país. En 2004, durante el debate sobre la posibilidad de permitir la reelección presidencial, se descubrió que varios funcionarios del gobierno ofrecieron prebendas y beneficios a congresistas a cambio de su voto favorable a la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Yidis Medina Padilla, una congresista de la época, fue la primera en ser condenada en este caso. Medina recibió ofertas para votar a favor de la reelección presidencial a cambio de beneficios, lo que resultó en una sentencia de cuatro años de prisión. Este caso destapó una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios del gobierno.

Entre los implicados se encontraba Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior y de Justicia, quien fue condenado a seis años de prisión por ofrecer prebendas a congresistas para asegurar sus votos en el debate final sobre la reelección presidencial. Pretelt de la Vega jugó un papel crucial en la coordinación de estos ofrecimientos indebidos.

Otro exministro del gobierno de Uribe, Diego Palacio Betancourt, también recibió una condena de seis años por su participación en el escándalo. Palacio Betancourt fue señalado por su rol activo en la manipulación de votos a través de incentivos ilegales.

Alberto Velásquez Echeverri, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue sentenciado a cinco años de prisión por su papel en el caso. Velásquez Echeverri fue acusado de actuar de manera coordinada con otros funcionarios para influir en los votos de los congresistas.