La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) decidió sancionar a la empresa minera AngloGold Ashanti (AGA) con una multa de $45 millones por alterar un sistema de captación de aguas concesionadas a su proyecto minero La Colosa.
Esta alteración habría permitido a la empresa captar más agua de la autorizada, lo que plantea serias implicaciones ambientales y sociales en la región.
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Alteraciones en el sistema de captación
La sanción de Cortolima se basa en hallazgos de una visita técnica realizada en 2015 a los predios La Paz y Campo Alegre. Según la resolución de la corporación: “en la obra de captación se observó la disposición de una pared lateral, una tabla y una bolsa fibra que no habían sido previstas en los diseños aprobados por Cortolima”. Esta modificación permitió a AGA captar más del 50% del caudal del río La Arena, superando así los límites establecidos por la autoridad ambiental.
Ante esta situación, AngloGold Ashanti argumentó que las intervenciones eran necesarias debido a que “en los cauces concesionados por La Colosa, se evidenciaban bajos caudales y altos contenidos de sedimentación”. La empresa sostuvo que estas modificaciones garantizaban una distribución equitativa del recurso hídrico en el cauce, lo cual, según ellos, aseguraba la toma de recursos permitida. Sin embargo, Cortolima desestimó estos argumentos, afirmando que no eran suficientes para justificar la alteración de la captación de agua.
La resolución emitida en julio de 2024 declaró a AGA responsable y la empresa fue incluida en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). Esta decisión ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que AGA impugne la sanción en los tribunales. Según un comunicado conjunto de organizaciones como el Centro Sociojurídico para la Defensa Ambiental y el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Siembra), “es posible que esta sanción sea demandada por AGA, pues la empresa ha adoptado una estrategia de atacar judicialmente cualquier decisión en su contra”.
Incumplimientos y críticas a la gestión ambiental
Los problemas de AGA no se limitan a la captación de aguas. La empresa ha enfrentado sanciones por irregularidades en sus declaraciones de impuestos, lo que ha llevado a decisiones del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se ha ordenado a AGA el pago de $90.760 millones de pesos a la Dian, de los cuales $66.305 millones (73%) están en firme, mientras que $24.454 millones (27%) están pendientes de resolución.
Además, organizaciones ambientales han expresado su preocupación por la suspensión indefinida del contrato de concesión minera desde 2017. Según el Colectivo socio-ambiental juvenil de Cajamarca (Cosajuca) y Siembra, “esta suspensión está sustentada, en parte, porque la empresa no ha logrado obtener las sustracciones necesarias de la Reserva Forestal Central”.
La situación en el suroeste antioqueño es igualmente alarmante. Durante una audiencia pública en Jericó, se denunció que AGA continúa operando sin licencia ambiental y ha tomado acciones legales contra campesinos que han protestado pacíficamente. “La empresa ha utilizado mecanismos del derecho policivo para criminalizarlos”, señalaron la organización Siembra.
En respuesta a estas violaciones, la Mesa por los Derechos Humanos frente al Poder Empresarial ha manifestado su apoyo a las comunidades afectadas. “Estuvimos sesionando en Jericó y rodeando este proceso, respaldando la defensa jurídica de los campesinos y las posturas de las comunidades por la defensa del territorio”, afirmaron.
La sanción impuesta por Cortolima a AngloGold Ashanti pone de relieve la creciente tensión entre la minería y la protección de los recursos hídricos en Colombia. A medida que las comunidades continúan luchando por sus derechos, el futuro de la minería en la región se presenta como un desafío complejo que requiere un diálogo efectivo entre empresas, autoridades y poblaciones locales.
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