El pasado primero de septiembre, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevaron a cabo un ataque en Tame, Arauca, que resultó en la muerte de dos soldados del Ejército Nacional de Colombia.
La emboscada fue perpetrada contra tropas del Batallón de Ingenieros de Combate Rafael Navas Pardo de la Décima Octava Brigada, que se encontraban en un puesto de control vial entre los municipios de Tame y La Cabuya.
Sin embargo, diez días después de perpetrado el ataque, en redes sociales se conocieron nuevas imágenes del momento exacto en el que individuos armados que se desplazaban en una camioneta de alta gama llegaron hasta el puesto de control y utilizaron armas de largo alcance contra los soldados.
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En el video, que gana rápida popularidad en internet, se observa cuando los integrantes del ELN desenfundan sus armas y disparan de forma indiscriminada a los uniformados que se encontraban en la zona. En el ataque, los soldados Jaider Augusto Quimbayo Rondón y Luis Ángel Pushaina perdieron la vida.
Según las imágenes compartidas, el ataque del ELN tardó cerca de un minuto y medio, mientras que el conductor esperaba con las puertas abiertas para emprender la huida. Por su parte, las autoridades militares colombianas expresaron su solidaridad con las familias de los soldados caídos.
“A las familias de nuestros valientes soldados, expresamos nuestras más sentidas condolencias en nombre de todos los hombres y mujeres que conforman el Ejército Nacional”, declaró el Ejército en un comunicado, añadiendo que “la memoria de estos héroes nos impulsa a seguir trabajando incansablemente por la paz y seguridad de la población”.
Este ataque se suma a una serie de acciones violentas perpetradas por el ELN, incluyendo atentados contra infraestructuras críticas como el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que han afectado severamente a los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Estas acciones involucraron métodos de terrorismo y sabotaje y continúan desestabilizando la región y causando pérdidas humanas y materiales.
La Defensoría del Pueblo había emitido recientemente una alerta sobre la intensificación del conflicto armado en Arauca, instando a las autoridades y al Gobierno a tomar medidas concretas para proteger a las comunidades afectadas. “Ante la constante vulneración de los derechos de las comunidades y la zozobra en la que viven en el departamento de Arauca por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado”, señaló la entidad en un comunicado.
Según la Defensoría, en el periodo comprendido entre el 22 y 27 de agosto se registraron ocho homicidios en diversos municipios de Arauca, incluyendo Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes y se considera que estos asesinatos fueron perpetrados por integrantes de grupos armados ilegales, siendo algunas de las víctimas líderes comunales como Wilis Guillermo Robinson Sánchez de Puerto Rondón y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito.
Además, el departamento enfrenta una situación alarmante en cuanto a desapariciones forzadas y secuestros, con más de 110 casos reportados entre enero y agosto de 2024. La Defensoría solicitó urgentemente al Gobierno nacional que implemente medidas eficaces para proteger a los habitantes de Arauca.
La región también ha sido testigo de un alto número de ataques contra infraestructuras petroleras, afectando oleoductos importantes como el Caño Limón-Coveñas y el Bicentenario. La Defensoría del Pueblo reportó recientemente explosiones en estos oleoductos, afectando gravemente a comunidades rurales.
Las advertencias sobre el peligroso panorama en Arauca no son nuevas. En un comunicado emitido el 20 de agosto a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la Defensoría del Pueblo destacaba el alto riesgo en que se encuentran los ciudadanos debido a la falta de un cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La entidad advirtió que estas estructuras armadas podrían atacar comunidades, la fuerza pública y la infraestructura energética y petrolera.
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