
En abril de 2020, la Fiscalía General de la Nación informó el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca ubicada en el municipio de Guasca, Cundinamarca, que estaba a nombre de la familia del entonces embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, que de manera inmediata dejó este cargo.
El proceso continuó con la intervención con fines de extinción de dominio cuatro predios rurales que hacían parte de la finca Haras de San Fernando, esto, luego de que se encontraran diez kilos de cocaína en la propiedad, pero no fue sino hasta la primera semana de septiembre de 2024 que el juzgado sexto de Bogotá ordenó que el terreno pase a ser del Estado.
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Debido al tiempo que tardó en concretarse este proceso, Cambio reveló detalles inéditos de la investigación que comenzó en febrero de 2020, tuvo intervención de autoridades de Estados Unidos y que, según fuentes en la fiscalía, terminará con la acusación en contra de Sanclemente por narcotráfico archivada.
Sin embargo, con el paso de la “narcofinca” a poder del Gobierno nacional no terminará el proceso contra el exembajador, puesto que aún debe responder por las acusaciones por ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, que comenzó en julio de 2022.
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Cabe recordar que, en medio de la investigación, un trabajador de Sanclemente reveló que este había ordenado la destrucción de computadores, memorias, una tableta y un disco duro en el que tenía, presuntamente, información que lo vinculaba con el funcionamiento de un cristalizadero de cocaína.

Sobre la “narcofinca” se conoció que los predios fueron avaluados en 150.000 millones de pesos y que aunque no hay pruebas en contra de Sanclemente, el tribunal concretó la extinción de dominio argumentando que los propietarios permitieron que se mermara su control sobre la propiedad y que esto facilitó que fuera utilizada como un laboratorio de cocaína.
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De la misma forma, se explicó que a pesar de que la finca estaba a nombre de una sociedad, el representante legal de la misma debía tener precaución y responsabilidad sobre lo que se registrara allí, principalmente porque las pruebas demostraron que no se tomó ningún tipo de acción durante el tiempo que funcionó el laboratorio.
Dentro del material probatorio hay testimonios de Gilberto Eduardo Sanclemente, representante legal de la sociedad, que afirmó que en el momento del hallazgo, el encargado de la actividad económica de la finca era su hermano, Fernando Sanclemente, pero que este había delegado su cargo de manera simbólica por su llegada a la embajada de Colombia en Uruguay.
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Sumado a ello, destacaron que el laboratorio quedaba en una zona boscosa del terreno, pero esto fue deslegitimado por el ente acusador, que demostró que no había forma de que no se pudiera identificar la presencia de los criminales en la finca.
“En ese orden, la sociedad las Colinas del Guasca Ltda., en virtud de su conformación comercial, por medio de su representante legal, tenía la obligación legal de estar al pendiente de la propiedad y vigilar porque en ella siempre se cumpliera con la función ecológica y social; siendo enfático en reiterar que la delegación de las funciones a terceros no es justificación válida para desentenderse de las obligaciones que le han sido conferidas desde la Constitución y la ley”, concluyó la sentencia.
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Sumado a esto, luego de la declaración entregada por Fernando Sanclemente en agosto de 2022, el juez indicó que el exembajador tuvo conocimiento de la integridad de la finca en todo momento, recordando que ha sido parte de los bienes de su familia desde 1977 y que no hay ningún tipo de excusa válida para no estar al tanto de lo que se registra en su propiedad.
Tras la confirmación del proceso de extinción de dominio, la finca pasará a ser de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); además, también se ordenó la intervención total de un vehículo de alta gama en el que se encontró una caleta con narcóticos.
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