El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, emitió un fallo a favor de la ciudad de Bogotá en un importante litigio contra la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), de acuerdo con información conocida por el periódico colombiano El Tiempo.
Este conflicto legal se centraba en la solicitud de Fedemunicipios de obtener el 10 % de los ingresos generados por las multas de tránsito en la capital entre los años 2002 y el 25 de agosto de 2015.
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Según la demanda presentada por esta entidad, el monto total de la reclamación, incluyendo intereses hasta octubre de 2017, ascendía a 358.741 millones de pesos.
La base del argumento de Fedemunicipios se fundamentaba en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, que estipula la implementación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) en el país.
De acuerdo con Fedemunicipios, este artículo les daba derecho a recibir una décima parte del dinero recaudado por las multas impuestas en los territorios donde el SIMIT prestaba sus servicios. Sin embargo, la administración distrital de Bogotá, a través de una sólida defensa articulada por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica, logró demostrar que este porcentaje no aplicaba en el caso de las multas gestionadas directamente por la ciudad.
La defensa de Bogotá argumentó que las multas recaudadas directamente por el Distrito no podían ser gravadas por Fedemunicipios, ya que esta entidad no brindaba ningún servicio en la operación de cobro de dichas sanciones.
El Tribunal acogió este argumento y determinó que Fedemunicipios no tenía derecho a percibir el 10 % de esos recursos, porque no estaba involucrada en la gestión de los mismos.
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Además, el Tribunal declaró la caducidad del reclamo para el periodo entre 2002 y 2015, señalando que había transcurrido el plazo legal para que Fedemunicipios pudiera solicitar la reparación judicial de los recursos correspondientes a esos años.
Según el fallo, la Alcaldía de Bogotá ha gestionado y recaudado estos fondos de manera independiente y sin la colaboración del SIMIT, por lo que no existe ninguna obligación de pago hacia la Federación.
En un comunicado emitido tras el fallo, el Distrito expresó su satisfacción con la decisión judicial, subrayando que no se probó la existencia de ningún daño antijurídico y que la ciudad no adeuda suma alguna a Fedemunicipios. Además, la sentencia implica un ahorro significativo para el patrimonio de la ciudad.
Por otro lado, el Tribunal también falló en contra de Fedemunicipios, ordenando a esta entidad a pagar 5.000 millones de pesos a favor de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda, lo que refuerza la posición de Bogotá en este litigio.
La Alcaldía, por su parte, afirmó que está lista para enfrentar cualquier recurso adicional que se interponga en relación con esta decisión y defender los intereses de la ciudad ante el Consejo de Estado, si fuese necesario.
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