El presidente de la República, Gustavo Petro, envió un mensaje retador al Congreso de la República advirtiendo que, a pesar de cualquier recorte en su polémico presupuesto para 2025, continuará con la radicación de la reforma tributaria.
Esta declaración se produjo en respuesta a una propuesta de más de 30 congresistas que buscan reducir en $12 billones el presupuesto presentado por el Gobierno.
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“Disminúyase el monto previsto en el artículo 2 del referido proyecto de ley en doce billones de pesos moneda legal ($12.000.000.000.000), quedando el monto destinado a gastos o ley de apropiaciones en un total de quinientos once billones siete mil ciento treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos cuatro pesos moneda legal ($511.007.132.456.704), valor que es igual al del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital presentado en el artículo primero del referido proyecto”, se lee en la proposición acordada por los Congresistas.
Petro fue tajante en su postura a través de una publicación en X: “Recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley de financiamiento o la reforma tributaria se presentará porque hay que reactivar la economía”. Con esta afirmación, el mandatario subrayó su determinación de avanzar con la reforma tributaria, independientemente de las decisiones del Congreso sobre el presupuesto.
Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló que si el Ejecutivo no ajusta el presupuesto en $12 billones antes del martes 10 de septiembre, se negará a aprobar el monto completo del proyecto de ley. “Tenemos los votos suficientes para hundir la reforma tributaria la próxima semana”, aseguró Cepeda, en una intervención durante el Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la Andi, marcando una clara confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Además, aseguró que ya le había expresado al presidente Gustavo que no había posibilidad de votar una reforma sin debate: “Le dije que discutiéramos por separado la reforma tributaria y lo que saliera de la tributaria lo hiciéramos presupuesto adicional. No soy irresponsable con el país de encabezar una reforma que no conocemos y que no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad”.
Cepeda ya se había enfrentado con el mandatario, a través de X, diciendo que el Gobierno debe tener, “más ejecución, menos burocracia, menos gastos improductivos y más eficiencia en la planeación”, y recordando que: “El Congreso aprobó presupuestos que no se ejecutaron. De nada sirve que el Congreso asigne recursos a los ministerios que no llegan a los sectores vulnerables, ese es el peor de los mundos”.
La próxima semana, el Congreso de Colombia votará la propuesta que podría frustrar la reforma tributaria anunciada por el Gobierno. Dicha proposición presentada por los congresistas cuestiona la viabilidad de aprobar un presupuesto para 2025 de $523 billones, cuando los ingresos proyectados son de solo $511 billones.
Según los legisladores, este monto propuesto por el Gobierno no solo compromete la estabilidad fiscal, sino que también vulnera principios fundamentales de sostenibilidad, planificación y coherencia macroeconómica.
“Resulta incoherente aprobar un monto de presupuesto de gastos superior al de ingresos, vulnerando los principios del presupuesto de sostenibilidad fiscal, planificación y coherencia macroeconómicas”, se lee en la carta que expresa una preocupación profunda por la posibilidad de que el Congreso apruebe un presupuesto que exceda los ingresos esperados, lo que podría poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Es por ello que los legisladores sugieren como solución alternativa que si se establecen mecanismos para financiar los $12 billones faltantes, se podría considerar una adición presupuestal posterior. Este enfoque permitiría una revisión y planificación adecuada antes de comprometer recursos significativos. “No es pertinente la aprobación de una partida presupuestal tan grande de manera separada, sin planificación adecuada”, argumentaron desde el Congreso. Además, advirtieron que los congresistas no deben ser presionados para aprobar leyes que no se alineen con una planificación fiscal sólida.
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