
Un hecho de violencia sucedió en el municipio de Ortega, Tolima el pasado 26 de marzo de 2023, cuando un hombre de 31 años presuntamente perpetró actos de tortura contra un primo suyo. Como resultado de las diligencias judiciales, un año después el agresor fue remitido a una cárcel de la región.
La Fiscalía General de la Nación informó que el motivante del ataque habría sido la apropiación indebida de dinero por parte de la víctima: “Durante el tiempo en que la víctima estuvo retenida habría sido golpeada en múltiples oportunidades con un arma cortocontundente, fue desnudado y su cuerpo rociado con gasolina (...) al parecer, porque la víctima se apropió de un dinero que no le pertenecía”, reveló la entidad.
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“Luego de departir con él y otras personas en una finca ubicada en la vereda Alto Guayabos, se cree, lo amarró de los pies y lo colgó de una columna, donde permaneció suspendido por varias horas”, explicó la entidad. Una vez inmovilizada la víctima, fue desnudada y amenazada de muerte; sin embargo, “un descuido del procesado permitió que la víctima huyera del lugar y tras recorrer un largo trecho sin ropa encontró a quien lo auxiliara. Posteriormente denunció el hecho. Esta última acción suscitó en su contra amenazas de muerte”, añadió.
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Durante el tiempo que el hombre permaneció retenido, el agresor “le habría propinado constantemente golpes con un arma cortocontundente, la ropa le fue cortada con una tijera, y desnudo fue rociado con gasolina,” informó la entidad.
Estos hechos llevaron a una persecución que resultó en la captura del presunto agresor gracias a la colaboración del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional. El detenido será judicializado por el delito de tortura agravada.
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De acuerdo con el artículo 3 del Código penal, el implicado podría pagar de cuatro a doce años en prisión: “Si la conducta se realiza respecto de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión”.
El hombre, que no aceptó los cargos imputados, ahora enfrenta la medida de aseguramiento carcelaria, mientras avanza la investigación para determinar si otras personas estuvieron involucradas en el delito: “Un juzgado con función de control de garantías de Ibagué acogió la petición del ente acusador de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado; además, avanza en las investigaciones que permitan establecer si otras personas participaron en la comisión del delito”, explicó la Fiscalía.
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Las autoridades resaltaron la importancia de la pronta denuncia por parte de la víctima que, pese a las amenazas en su contra, logró alertar a las autoridades y desencadenar el proceso judicial. Gracias a su denuncia permitió a las autoridades proceder con la captura, y que un juez de control de garantías de Ibagué acogió la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado.

Este caso pone de manifiesto la importancia de las líneas de denuncia y asistencia en casos de violencia en Colombia. Las líneas de apoyo como la Línea Púrpura en Bogotá (018000 112137, WhatsApp 3007551846) y la Línea Nacional (155) se han revalidado como herramientas cruciales para ofrecer asistencia inmediata y proteger a las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.
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En Colombia, la violencia intrafamiliar es un problema grave y persistente que afecta a miles de personas en todo el país. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2022 se reportaron más de 40.000 casos de violencia intrafamiliar. Las víctimas son en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores, siendo las mujeres entre 20 y 39 años las más afectadas.
Las formas de violencia incluyen física, psicológica y sexual. La pandemia de covid-19 aumentó la situación debido al confinamiento y las tensiones dentro de los hogares.
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