Hace aproximadamente un mes, la comunidad de Villavicencio, Restrepo y Curumal (Meta) se reunió, se movilizó y se opuso a la construcción de un nuevo peaje que, a su parecer, era injusto y hasta ilegal.
El punto de encuentro diario era la caseta del peaje en el sector conocido como Puente Amarillo, donde los manifestantes realizaban todo tipo de actividades culturales, artísticas, pero también bloqueos intermitentes para mantener al pie de lucha en la causa. Incluso, esta movilización contó con la participación de líderes comunales como David Mora, además, con el influencer que denuncia elefantes blancos e infraestructura deficiente en el país, conocido como ‘Ele’.
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“Con mucha alegría, acompañé ayer a los habitantes del Restrepo en su exigencia justa de retirar el Peaje Puente Amarillo, que viene cobrando ilegalmente desde hace más de 9 años, y que fue montado con engaños so pretexto de construir un puentecito, que perfectamente pudo haberse hecho con el erario, pero lo importante era el negocio, la renta (sic)”, fue la crítica del influenciador que lanzó un curso para que la ciudadanía aprenda a hacer veeduría.
Según explicó a este medio, con la instalación de esa caseta de cobro el valor del peaje pasaría de $4.000 hasta $16.000, convirtiéndose en una renta obligada para los habitantes aledaños y demás conductores en la vía que comunica a Villavicencio con los municipios de Cumaral y Restrepo.
“Cansados de pagar por 20 años el Peaje de Acacías, la población se puso de acuerdo y levantaron las talanqueras, permitiendo el paso libre a todos los conductores. Supuestamente, el Peaje iba a construir una doble calzada entre Acacías y Villavicencio, incluyendo puentes y tramos viales, pero ni lo uno ni lo otro. El contrato que ya ha vencido y sido renovado varias veces debe ser terminado y la Concesión debe terminar las obras sin volver a cobrar, sin embargo, La Nación que debería estar del lado de la gente y más con la cantidad de argumentos, guarda silencio cómplice y en su lugar le envía a la gente el Esmad (sic)”, complementó el veedor ciudadano en otra publicación.
En vista de la presión ciudadana que exigía consensos y decisiones definitivas, representantes del Ministerio de Transporte, Alcaldía de Villavicencio, Gobernación del Meta, Procuraduría, Defensoría, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Covioriente, se reunieron en la Cámara de Comercio de Villavicencio durante más de seis horas con voceros de la comunidad para llegar al acuerdo de suspender las obras.
En 2023, el peaje recaudó $17.600 millones, de los cuales aproximadamente $14.400 millones fueron pagados por propietarios de vehículos de uso cotidiano, según señaló David Mora, líder del comité que acompañó la movilización. Por ello radica la controversia en torno al cobro en el puesto de control de Puente Amarillo, una medida criticada por la comunidad y considerada ilegal por los manifestantes.
¿Por qué dicen que es un peaje ilegal?
El origen de esta situación se remonta al contrato de concesión firmado en agosto de 1994 entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la concesionaria Carreteras Nacionales del Meta S.A., posteriormente conocida como Autopistas de los Llanos S.A. Este acuerdo abarcaba las carreteras Villavicencio – Granada, Villavicencio – Puerto López, y Villavicencio – Restrepo-Cumaral en el departamento del Meta, por un valor inicial de $43.807 millones y con un plazo de ejecución de 231 meses, extendiéndose hasta noviembre de 2013.
Con el fin de prevenir la evasión de pagos por parte de conductores que optaban por transitar por la antigua vía a Villavicencio, se instauró el puesto de control de Puente Amarillo. Esta medida se implementó bajo la premisa de que sería temporal, limitada a la duración de la concesión.
Sin embargo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) continuó con el cobro en dicho puesto, lo que ha generado protestas y denuncias de ilegalidad por parte de los líderes comunitarios y usuarios de la vía. La caducidad del plazo en noviembre de 2013 y la continuidad del cobro generó la indignación de los ciudadanos, que consideran que se siguen recaudando fondos injustificadamente.
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