Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Margarita Cabello por presunta “politización” de la Procuraduría

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso en contra de la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, tras recibir una queja anónima que la acusaba de presunta “politización” del organismo de control disciplinario.

La alta corte determinó que la denuncia no cumplía con los requisitos necesarios para proceder con una investigación formal.

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La queja anónima contra Cabello había sido presentada con el argumento de que ella estaba gestionando el Ministerio Público de manera “inepta” y que estaba promoviendo una “politización abierta” dentro de la entidad. Según la queja, la procuradora habría estado persiguiendo a sus adversarios políticos y favoreciendo a funcionarios alineados con su ideología, lo que, según el denunciante, constituía un uso indebido de su cargo.

El expediente relacionado con la queja fue manejado por el magistrado Luis Benedicto Herrera. Tras revisar el contenido de la denuncia, la Sala de Instrucción concluyó que, aunque tenía competencia para investigar a la procuradora, para proceder con una queja anónima se requieren ciertos elementos que no estaban presentes en este caso.

Falta de información concreta

El fallo de la Corte Suprema destacó que la queja anónima no proporcionaba hechos concretos ni identificaba claramente al sujeto disciplinable, elementos fundamentales para iniciar una investigación. “No se cumplen los presupuestos antes reseñados. Aun cuando la queja se dirige contra la señora procuradora general, es claro que no refiere los hechos concretos a partir de los cuales pueda adelantarse la indagación correspondiente”, reza uno de los apartes de la decisión.

Además, la Corte subrayó que la denuncia no contenía información específica que permitiera actuar de oficio. En lugar de proporcionar detalles sobre las supuestas irregularidades, la queja se limitaba a hacer afirmaciones generales sobre “conductas irregulares”, sin especificar circunstancias concretas. “Tampoco suministra información alguna para actuar oficiosamente, pues, se reitera, solo contiene aseveraciones de presuntas conductas ‘irregulares’ sin aludir a alguna circunstancia en concreto”, agregó el fallo.

El fallo también abordó la cuestión de la identidad del denunciante, señalando que la falta de identificación del quejoso era otro obstáculo para proceder con la investigación. “Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente”, precisó la decisión.

La Corte Suprema destacó que para que una queja anónima pueda dar lugar a una investigación, debe cumplir con unos requisitos mínimos que le confieran seriedad y credibilidad. En este caso, el alto tribunal concluyó que la queja no cumplía con estos requisitos y, por lo tanto, decidió cerrar el caso.

Cabe recordar que, en abril de 2024, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, presentó una denuncia penal contra la procuradora Margarita Cabello, por presuntas violaciones graves a la ley de contratación.

En una declaración en la red social X, Hernández denunció que Cabello habría estado entregando contratos sin el debido proceso de selección pública. “¡Atención! He denunciado penalmente a Margarita Cabello por burlar la ley de contratación. Siguen entregando contratos a dedo desde la Procuraduría: hace unos días conocimos la nueva suma millonaria de 22.000 millones entregados de nuevo al mismo contratista, con lo que ya son más de $71.000 millones a dedo para un solo operador sin pasar por un proceso de selección pública como lo exige la Ley 80″.

La denuncia de Hernández no solo consistió en una declaración pública, sino que se acompañó de evidencia concreta presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Esta denuncia detalla presuntos hallazgos de una investigación que sugiere que la Procuradora Cabello habría utilizado su posición para favorecer a ciertos grupos políticos y empresas, mientras eludía los procesos de selección pública requeridos por la ley.

Hernández también alegó la existencia de costos adicionales y otras irregularidades asociadas con un contrato celebrado con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT). “Confiamos plenamente en que la nueva fiscal —Luz Adriana Camargo— avance con objetividad y con celeridad para evitar que los recursos públicos sigan siendo objeto de corrupción y de la política. No vamos a permitir que se sigan robando los recursos públicos”, concluyó la senadora.